La diputada comunista Irací Hassler demandó al Fisco y a la Contraloría General de la República ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, según El Mostrador. La exalcaldesa de Santiago busca anular la resolución que la declaró responsable administrativamente por la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella.
La acción es una demanda de nulidad de derecho público. Con esa herramienta, una persona puede pedir a un tribunal que deje sin efecto un acto del Estado por considerarlo contrario a la ley.
En mayo, Contraloría aprobó el sumario administrativo del caso. Concluyó que Hassler vulneró el principio de probidad cuando firmó el decreto que autorizaba adquirir los inmuebles. Sin embargo, el organismo no le aplicó medidas disciplinarias.
El reproche central apuntó al precio. La municipalidad autorizó pagar $8.248 millones, mientras que la vendedora había comprado las mismas propiedades unos seis meses antes en cerca de $2.231 millones. Para Contraloría, el municipio no hizo lo suficiente para justificar esa brecha.
El órgano fiscalizador también objetó la forma en que se tramitó la operación. Le reprochó que la Dirección de Control municipal no revisara ni visara antes la compra. Además, cuestionó que se entregara un mandato amplio a un abogado externo para cerrar el negocio.
La defensa, a cargo del abogado Leonardo Cofré, acusa "graves vicios de ilegalidad". Su tesis es que Contraloría se excedió en sus facultades, porque fijó responsabilidades sobre hechos que la justicia penal también conoció.
Sobre el precio, la demanda sostiene que el municipio pidió tres tasaciones comerciales a profesionales independientes antes de aprobar la compra. También dice que se tomaron en cuenta el avalúo fiscal y el estudio de títulos. A juicio de la defensa, la diferencia entre ambos valores no basta para configurar una falta administrativa.
Hassler alega además que Contraloría no precisó qué deber jurídico concreto habría incumplido ella en lo personal. Según su abogado, eso afecta los principios de legalidad y tipicidad, que exigen describir con claridad la conducta reprochada.
Respecto de los demás cargos, la acción plantea que ninguna norma obliga a seguir un procedimiento específico para una compraventa municipal. Tampoco existiría, según la demanda, una regla que prohíba usar un abogado externo para concretarla.
La defensa recuerda que no se transfirieron recursos municipales y que la operación se detuvo cuando Contraloría lo instruyó. Ahora corresponde al 7° Juzgado Civil de Santiago decidir si anula la resolución. La fuente no informa plazos ni la respuesta del Fisco.
