La diputada comunista y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, presentó una demanda de nulidad de derecho público contra el Fisco y la Contraloría General de la República. Busca anular el sumario administrativo que la responsabilizó por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.
De acuerdo con BioBioChile, la acción la patrocina el abogado Leonardo Cofré. Según La Tercera, la demanda tiene 33 páginas y se ingresó ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago.
El caso se remonta al 20 de enero de 2023. Ese día, Hassler firmó el decreto alcaldicio N°810, que autorizó al municipio a comprar dos inmuebles, ubicados en Sierra Bella N°1.181 y Ventura Lavalle N°431, en Santiago centro.
El precio pactado fue de $8.248.886.210. Seis meses antes, la vendedora había comprado esos mismos inmuebles en $2.231.855.090. Es decir, el municipio iba a pagar casi cuatro veces más.
La Contraloría, que encabeza Dorothy Pérez, dictó su resolución el 14 de mayo. En ella concluyó que Hassler infringió el principio de probidad administrativa. Según el órgano, no adoptó medidas suficientes para justificar esa diferencia de precio.
El sumario también reprochó que el decreto no pasó por el control de legalidad y visado previo de la Dirección de Control municipal. Sin embargo, la resolución no impuso medidas disciplinarias a la exalcaldesa, que gobernó la comuna entre 2021 y 2024.
Antes, Contraloría le había formulado tres cargos. El tercero apuntaba a que otorgó un mandato especial amplio al abogado externo Pablo Casanueva para concretar la compra.
En su demanda, Hassler sostiene que la resolución contiene fundamentos y conclusiones que adolecen de graves vicios de ilegalidad. Acusa además que Contraloría excedió sus atribuciones, porque estableció responsabilidades sobre hechos que ya conoció la justicia penal.
La parlamentaria por el distrito 10 argumenta que la diferencia de precio, por sí sola, no constituye una infracción. Afirma que antes de aprobar la compra se pidieron tres tasaciones comerciales a profesionales independientes, junto al avalúo fiscal y un estudio de títulos.
También alega que se vulneró el principio de tipicidad. A su juicio, Contraloría no precisó qué deber legal concreto incumplió. Respecto de los otros cargos, plantea que ninguna norma expresa exige un procedimiento específico para una compraventa ni prohíbe contratar a un abogado externo.
Otro eje de la defensa es la ausencia de daño. La compra nunca se concretó y, según el escrito, el municipio no transfirió recursos. Por eso, Hassler afirma que no se acreditó un perjuicio patrimonial efectivo.
La demanda enumera además las gestiones que hizo para frenar la operación cuando Contraloría le ordenó abstenerse. Entre ellas, instrucciones a funcionarios, trámites ante el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y la notaría, acciones judiciales y la revocación de poderes a abogados externos.
Hassler aclaró que no busca indemnización ni pago alguno. Ahora el Séptimo Juzgado Civil de Santiago deberá tramitar la acción, y el Fisco y la Contraloría tendrán que responderla.
