El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, negó este miércoles en La Moneda que el gobierno haya desistido de ampliar la cárcel Santiago Uno. El proyecto buscaba destinar nuevos módulos a líderes del crimen organizado.
De acuerdo con La Tercera, el Ejecutivo debió postergar por ahora la construcción de los módulos de máxima seguridad. La razón es una disputa judicial que inició la Municipalidad de Santiago y que todavía no se resuelve.
Según el mismo medio, citado por Emol, la obra contemplaba tres módulos de alta seguridad y uno de máxima seguridad. La licitación debía hacerse en mayo pasado. Ahora, la cartera licitará la concesión del penal sin incluir esas obras, mientras dure el litigio.
Rabat separó ambos procesos. "En Santiago Uno está licitada la operación del recinto penitenciario", explicó. Agregó que ese contrato tiene un plazo fijo, que se acerca a su término, y que por eso hay que renovarlo.
Sobre la ampliación, fue tajante: "No existe un desistimiento". Según el ministro, la medida precautoria vigente impide hacer cualquier trámite relacionado con las nuevas obras.
El proyecto nació en la administración de Gabriel Boric. La nueva cárcel se levantaría junto al actual Santiago Uno y al Centro de Justicia, en el llamado "Barrio Penitenciario" del sector Rondizzoni, en la comuna de Santiago.
El anuncio abrió de inmediato un tira y afloja con el municipio. La entonces alcaldesa Irací Hassler (Partido Comunista) se opuso con fuerza. Su sucesor, Mario Desbordes, mantuvo la ofensiva. Tras el cambio de mando, en cambio, las nuevas autoridades del gobierno respaldaron la iniciativa.
La última arremetida municipal la encabezó Desbordes. Logró que el 17º Juzgado Civil de Santiago paralizara cualquier trámite sobre la obra.
En el fondo del conflicto está la sobrepoblación de las cárceles. Rabat sostuvo que el país necesita "un mayor número de plazas disponibles" y que Santiago Uno estaba contemplado en ese plan. Las fuentes no detallan cifras actuales de hacinamiento.
Quién gana y quién pierde es claro por ahora. El municipio frena una obra que rechaza en su territorio. El gobierno queda sin las plazas de alta seguridad que buscaba para la capital, a la espera de que el tribunal resuelva el fondo de la causa, sin fecha conocida.