El Gobierno decidió dejar fuera de su próxima licitación la ampliación de la cárcel Santiago Uno, según CNN Chile. La razón es que sigue pendiente la disputa judicial que la Municipalidad de Santiago inició contra el proyecto. CNN Chile cita a su vez información publicada por La Tercera.
La nueva concesión del penal incluirá solo la operación del recinto. No contemplará las obras para construir nuevos módulos de alta y máxima seguridad, pensados para internos vinculados al crimen organizado.
La Subsecretaría de Justicia explicó la decisión en un comunicado. "Las obras de ampliación contempladas no podrán ejecutarse mientras no se resuelva el recurso presentado por la Municipalidad de Santiago", señaló. Por eso, agregó, el llamado incluirá "únicamente la operación del recinto, sin obras de ampliación".
El proyecto consideraba tres módulos de alta seguridad y uno de máxima seguridad. El gobierno de Gabriel Boric anunció la ampliación y la administración del Presidente José Antonio Kast la respaldó después. Es decir, la obra contaba con apoyo de dos gobiernos de signo político opuesto.
El freno vino desde los tribunales. El 17° Juzgado Civil de Santiago suspendió de forma provisional los actos administrativos que permitían avanzar con las obras. Lo hizo tras una acción presentada por el municipio que encabeza el alcalde Mario Desbordes. La fuente no detalla los argumentos de la demanda municipal ni cuándo podría resolverse.
Los plazos explican la urgencia del Ejecutivo. El contrato vigente de Santiago Uno fue prorrogado hasta el 8 de noviembre de 2027, por lo que la operación del penal debe volver a licitarse antes de esa fecha, con o sin ampliación.
Según el cronograma original, la ampliación debía adjudicarse durante el primer semestre de 2027. Las obras partirían en 2029 y los nuevos módulos entrarían en servicio en 2031. Separar la operación de la ampliación permite asegurar la continuidad del recinto, aunque deja en suspenso la expansión destinada a internos de alta peligrosidad.
Mientras no exista una resolución judicial que permita retomar el proyecto, el Ejecutivo seguirá adelante con la relicitación del funcionamiento del penal sin incorporar la expansión. No hay información sobre cómo se incorporarían los nuevos módulos si el tribunal falla a favor del Gobierno.
