El presidente José Antonio Kast anunció una rebaja de hasta 25% en las tarifas del TAG de Autopista Central. El descuento comenzará a regir el 1 de enero de 2027, tras meses de negociación entre el Ejecutivo y la concesionaria.
Según informó BioBioChile, el anuncio promete alivio para los automovilistas, pero abrió un debate por su letra chica y los plazos. El TAG es el dispositivo electrónico que se instala en el parabrisas y registra cada pasada por los pórticos de las autopistas urbanas, que luego cobran mensualmente.
La medida aplica solo a Autopista Central, la concesionaria de la Ruta 5 y del eje General Velásquez, con cerca de 62 kilómetros en la Región Metropolitana. Ninguna otra autopista, de Santiago o de regiones, forma parte del acuerdo por ahora.
El esquema distingue por horario. Los viajes fuera de punta tendrán una rebaja de 10%, mientras que los realizados en horario punta y de saturación bajarán 25%. El descuento se aplica a cada tránsito y no a la cuenta mensual completa.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó ejemplos con una cuenta de $100.000. Si todos los viajes son fuera de punta, bajaría a $90.000. Si todos son en punta, quedaría en $75.000. Con una mezcla en partes iguales, el pago final sería de $82.500.
Según el Gobierno, la rebaja beneficiaría a cerca de 1,7 millones de usuarios mensuales. Sin embargo, tiene una condición: los usuarios deben pagar sus cuentas dentro de los primeros 60 días. Quien esté atrasado no accede al descuento.
La medida tampoco es inmediata. El convenio debe completar una revisión administrativa antes de aplicarse. Kast sostuvo que modificar los contratos requiere análisis y discusión.
El punto más polémico es la contraprestación. La concesión se extenderá 20 meses adicionales, hasta abril de 2036, en lugar de terminar en agosto de 2034.
Franco Parisi, secretario general del Partido de la Gente (PDG) y excandidato presidencial, calificó el acuerdo como un "muy mal negocio para Chile, pero muy buen negocio para las concesionarias". A su juicio, el Gobierno debió usar otras vías legales, como el artículo 19 de la ley de concesiones, para fijar pisos y techos a las utilidades de las empresas. Advirtió que, sin esos límites, el costo recaerá en la clase media y los sectores emergentes.
Andrés Alarcón, presidente de la ONG No Más TAG, fue más duro. "Es insuficiente y realmente es una burla que le están haciendo a la gente", dijo. Acusó que la extensión del contrato se hizo sin consultar a la ciudadanía y pidió reformas de fondo a la ley de concesiones.
En la vereda contraria, Felipe Berger, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, destacó el efecto favorable en el presupuesto de los hogares frente a las alzas ligadas al IPC (Índice de Precios al Consumidor) y a la Unidad de Fomento.
El biministro Louis de Grange señaló que el Gobierno espera replicar acuerdos similares en otras autopistas urbanas y otros puntos del país durante los próximos meses. Hasta el anuncio, no había convenios equivalentes cerrados con otras concesionarias.
