Trece senadores de oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar dos normas del proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), según BioBioChile, que informó el hecho en exclusiva. Ningún otro medio ha confirmado por ahora la presentación.
El recurso llega después de que el Senado despachara el proyecto el miércoles 7 de octubre. La votación terminó con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Las RUF son uno de los principales avances de la agenda de seguridad del Gobierno.
Los parlamentarios objetan las disposiciones sobre el principio de proporcionalidad y el uso de fuerza potencialmente letal. A juicio de los requirentes, algunas normas permitirían usar armas de fuego sin que exista necesariamente un peligro grave o inminente para la vida del funcionario o de terceros.
Esos reparos no son nuevos. Según el medio, los senadores ya los habían planteado durante la discusión legislativa. Ahora buscan que un órgano externo al Congreso resuelva la controversia.
El senador socialista Juan Luis Castro, uno de los firmantes, explicó que el objetivo es que el TC revise esas disposiciones antes de que la iniciativa complete su tramitación. La nota de BioBioChile no detalla la lista completa de firmantes.
El senador Iván Flores también se refirió al requerimiento. Aclaró que su posición no significa que esté en desacuerdo con un proyecto que él mismo votó a favor.
Para Carabineros y las Fuerzas Armadas, el resultado importa. Las RUF fijan cuándo y cómo un uniformado puede usar la fuerza, incluidas las armas de fuego. El fallo del TC definirá si esas reglas quedan tal como las aprobó el Senado.
El requerimiento coincide con otros avances de la agenda de seguridad. Esta semana, la Comisión de Constitución del Senado despachó cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. El texto fija un máximo de 10 años de sanción para jóvenes de 14 y 15 años, y de 15 años para los de 16 y 17.
El presidente de esa comisión, Pedro Araya, sostuvo que la modificación apunta a jóvenes que cometen delitos violentos y entran y salen reiteradamente del sistema penal. Además, en delitos especialmente graves se exigiría un período efectivo de privación de libertad.
En paralelo, comenzó en el Senado una nueva reforma constitucional de seguridad, luego de que el Gobierno decidiera no perseverar con su propuesta original. La impulsan Araya, Andrés Longton, Arturo Squella, Karim Bianchi e Iván Flores. Se centra en crimen organizado, régimen penitenciario y Estado de Emergencia.
El próximo paso está en manos del TC. El requerimiento deberá pasar primero una revisión formal. Si el tribunal lo admite a trámite, tendrá que pronunciarse sobre las normas cuestionadas antes de que las RUF cierren su proceso legislativo.
