Según BioBioChile, el Gobierno y senadores que presiden comisiones clave del Congreso acordaron el miércoles un plan para acelerar 24 proyectos de seguridad pública que ya están en trámite. El Ejecutivo ingresará además otras seis iniciativas. El medio accedió a una minuta titulada Acuerdo Político por la Seguridad Pública. Ninguna otra fuente ha confirmado aún su contenido.
La reunión la encabezaron el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot. Asistieron parlamentarios y asesores. El objetivo fue fijar un orden de tramitación para las leyes contra el crimen organizado y el terrorismo.
El cambio más concreto afecta a la Comisión de Constitución del Senado, que carga con una agenda muy pesada. Según su presidente, el senador independiente-PPD Pedro Araya, al menos la mitad de sus sesiones se destinará a seguridad pública.
Araya explicó que la tramitación se alternará entre la Cámara de Diputados y el Senado. Así, ninguna comisión acumulará todos los proyectos. También se agruparán las iniciativas con objetivos parecidos para discutirlas juntas. "La reunión con los ministros tuvo por objeto planificar la agenda de seguridad pública", dijo el senador.
La minuta separa los proyectos en tres grupos. El primero reúne ajustes puntuales a la legislación. El segundo incluye textos breves que cambian uno o dos artículos. El tercero agrupa reformas amplias, que crean leyes nuevas o modifican varios cuerpos legales.
En la lista figura la legítima defensa privilegiada para policías de franco, hoy en segundo trámite en el Senado. Aparece también la facultad de los militares para controlar identidades bajo estados de excepción. Se suman penas más altas por quebrantar condenas y castigo al reclutamiento de menores por bandas criminales.
El capítulo migratorio incluye ampliar el plazo de retención de extranjeros. Esa reforma fue rechazada en general por la Cámara y su insistencia sigue pendiente. Otros textos buscan sancionar el ingreso clandestino, ampliar la expulsión como pena sustitutiva y mejorar la expulsión administrativa.
El acuerdo considera cambios a la responsabilidad penal adolescente y más sanciones por delitos contra comunidades educativas. Contempla además prohibir penas sustitutivas para ciertos delitos. En el área policial, propone modernizar la carrera de Carabineros, fortalecer la Policía de Investigaciones (PDI) y ampliar la capacidad de análisis de ADN de sus laboratorios.
Dos proyectos están cerca de la meta: las reglas de uso de la fuerza y el perfeccionamiento de la expulsión administrativa. Ambos salieron de comisiones mixtas, instancias de diputados y senadores que resuelven diferencias, y solo esperan votación en las salas.
La minuta suma la protección de infraestructura crítica, el juicio oral en ausencia y nuevas declaraciones de intereses y patrimonio para funcionarios de Carabineros y la PDI. Entre las seis iniciativas por ingresar, BioBioChile menciona una ley de Gendarmería y una Agencia de Bienes Decomisados.
El senador Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, valoró el pacto. Destacó un proyecto suyo que modifica la Ley 18.216 para que los condenados por sicariato, secuestro extorsivo y tráfico de armas cumplan su pena en la cárcel. El Gobierno ya le dio urgencia a esa iniciativa.
