Según Emol, cinco senadores de distintos partidos ingresaron este miércoles una nueva reforma constitucional de seguridad. El texto reemplaza la propuesta del Presidente José Antonio Kast, que el Gobierno decidió no seguir tramitando por falta de votos en el Senado.
La reforma era la pieza central de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Kast la anunció a principios de agosto en cadena nacional. La agenda reúne más de 30 proyectos y busca consagrar en la Constitución la seguridad pública como un deber del Estado.
En esa cadena, el Mandatario dijo: "los chilenos van a recuperar su libertad, y los delincuentes y narcotraficantes la perderán para siempre". Dos meses después, el balance en el Congreso es dispar.
La idea de legislar de la reforma original necesitaba 29 votos favorables en el Senado. De acuerdo con Emol, la iniciativa ni siquiera reunió esos apoyos antes de votarse. Tras semanas de conversaciones, el Ejecutivo optó por respaldar una alternativa.
El punto más resistido era un nuevo estado de excepción de "Seguridad Pública". El Presidente podía decretarlo sin aval previo del Congreso por 120 días, prorrogables por otros 120. También permitía interceptar y registrar documentos y comunicaciones en el territorio afectado.
La nueva propuesta lleva las firmas de Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (independiente) e Iván Flores (DC). La transversalidad del grupo apunta a destrabar los votos que le faltaron al Gobierno.
El proyecto tiene tres ejes. Incorpora el crimen organizado a la Constitución y lo equipara en ciertas materias al terrorismo. Crea regímenes penitenciarios especiales para condenados o imputados en prisión preventiva por esos delitos. Y modifica el actual Estado de Emergencia para permitir una reacción preventiva.
Ahí está la diferencia clave. El texto no crea un estado de excepción nuevo. Modifica el artículo 42 de la Constitución para sumar como causal el "peligro grave e inminente para el orden público". El Presidente podrá decretarlo por un máximo de 30 días, y cualquier prórroga requerirá acuerdo del Congreso.
Además, el Ejecutivo deberá informar al Parlamento al menos cada 15 días sobre los motivos, las acciones y los resultados de la medida. El Congreso podrá dejar sin efecto la declaración o sus prórrogas mientras estén vigentes.
En paralelo, la agenda suma dos proyectos aprobados. Algunos ya estaban en trámite antes del anuncio. El miércoles, ambas cámaras aprobaron el informe de la Comisión Mixta sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), tras más de tres años de tramitación. La iniciativa quedó en condiciones de convertirse en ley.
La ley RUF fija un marco común para Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas cuando usen la fuerza. Establece una gradación que va desde el despliegue disuasivo y la persuasión verbal hasta elementos menos letales, control físico y munición de salva. La fuerza potencialmente letal procederá sólo si las etapas previas resultan insuficientes.
El segundo proyecto aprobado pasó por una Comisión Mixta en septiembre. La fuente consultada no detalla su contenido. La nueva reforma constitucional comienza ahora su trámite en el Senado, donde deberá reunir los mismos 29 votos que no consiguió la propuesta del Gobierno.
