Según La Tercera, el gobierno del Presidente José Antonio Kast alista un proyecto con 10 medidas de adaptabilidad laboral que llegaría al Congreso antes de que termine el año. Una segunda etapa, prevista para 2027, abordaría la indemnización por años de servicio. Ningún otro medio ha confirmado por ahora esos plazos.
La urgencia tiene una cifra detrás. El desempleo llegó a 9,6% en el trimestre junio-agosto, el nivel más alto en más de cinco años, con casi un millón de personas sin trabajo. De acuerdo con el diagnóstico oficial, todavía faltan más de 430 mil empleos para volver a la tendencia previa a la pandemia.
En el Ejecutivo apuntan tres causas, en línea con análisis del Banco Central: un ciclo económico deprimido, el alza de los costos laborales de los últimos años y el avance de la automatización. Una alta fuente de gobierno citada por el medio admitió que en enero nadie anticipaba el frenazo y que el tema pasó de prioridad a urgencia política.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, enumeró el contenido del primer paquete. Incluye un contrato a prueba y otro de aprendizaje, además de trabajo híbrido y teletrabajo para cuidadores. También contempla bandas horarias, la posibilidad de compensar atrasos y permisos, polivalencia de funciones, jornadas excepcionales, cambios en horas extraordinarias y en la firma del contrato.
Según Rau, el objetivo es "facilitar la entrada al trabajo, permitir una mejor conciliación" y adaptar las funciones a nuevas necesidades productivas. El contrato a prueba fijaría por escrito un período inicial, con reglas según el cargo, para que ambas partes decidan si siguen. El de aprendizaje ampliaría el rango de edad y reforzaría la formación para abrir espacio a más jóvenes.
La segunda fase sumaría, en proyectos distintos, cambios a la indemnización por despido y a la Ley Sence, que regula la capacitación laboral financiada por el Estado. Ese punto es el más delicado. Fuentes oficialistas reconocen que tocar la indemnización exigirá más respaldo político que la Ley de Reconstrucción, promulgada esta semana, porque afecta de forma directa a los trabajadores.
¿Quién gana y quién pierde? Las medidas buscan dar flexibilidad a empleadores y facilitar la contratación de jóvenes y cuidadores. Sin embargo, la indemnización por años de servicio es una protección histórica del trabajador chileno, y cualquier ajuste abrirá un debate con sindicatos y oposición. La nota no detalla aún la postura de esos sectores.
El gobierno sostiene que su agenda laboral partió hace meses. Una presentación del Ministerio del Trabajo destaca siete leyes publicadas, 12 dictámenes de la Dirección del Trabajo y seis reglamentos, entre ellos el del Subsidio Único al Empleo y ajustes a la Ley Karin, ambos en revisión en Contraloría.
"Las reformas ya están en curso", afirmó Rau. En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados esperan su tramitación la Sala Cuna Universal, la flexibilización de las 40 horas en ciclos de hasta 16 semanas y el Estatuto Laboral del Turismo.
