El Congreso Nacional despachó este miércoles el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para policías y militares. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en la mañana el informe de la Comisión Mixta, y el Senado lo ratificó en la tarde.
De acuerdo con Emol, en la Cámara el informe obtuvo 111 votos a favor, 23 en contra y cinco abstenciones. Los votos en contra vinieron del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC). Se abstuvieron los socialistas Andrea Macías, Daniel Manouchehri, José Antonio Rivas y César Valenzuela, además de Consuelo Veloso (FA).
Antes de la votación, la bancada de la Democracia Cristiana se reunió con el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Tras ese encuentro, los diputados DC se inclinaron por apoyar la iniciativa.
En el Senado, según La Tercera, el informe se aprobó por 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El Comité Socialista anunció reservas de constitucionalidad, un paso que deja abierta la posibilidad de impugnar las normas ante el Tribunal Constitucional.
El proyecto crea un marco legal común para el uso de la fuerza de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas. Fija criterios de gradación, necesidad y diferenciación, regula el escalamiento de la fuerza y define los deberes de los funcionarios.
El punto más disputado fue la proporcionalidad. Emol la menciona entre los criterios del texto. Sin embargo, la senadora Beatriz Sánchez (FA) afirmó que el texto final reemplazó ese principio por el de racionalidad. "Una fuerza puede ser racional y aún así excesiva", sostuvo.
El senador Andrés Longton (RN) defendió ese cambio. Argumentó que un policía debe reaccionar "en una milésima de segundo" ante una agresión potencialmente letal. Según Longton, la ley evita que los carabineros duden al usar su arma por temor a terminar detenidos.
El socialista Juan Luis Castro cuestionó dos materias: la regla militar sobre armamento letal y la responsabilidad penal del personal policial y militar. Por esos puntos, el PS anunció su rechazo y las reservas.
La senadora Claudia Pascual (PC) criticó que la Comisión Mixta eliminara disposiciones sobre prohibición de la tortura y protección de niños, niñas y adolescentes. La justificación fue que ya estaban en otras leyes.
Desde el oficialismo, el diputado Luis Pardo (RN) afirmó que los funcionarios que usen la fuerza en cumplimiento del deber se presumirán inocentes. Hasta ahora, dijo, muchos carabineros eran separados del cargo y perdían sus remuneraciones mientras eran investigados.
Arrau calificó la aprobación como "un paso muy importante". Recordó que la semana estuvo marcada por la muerte de dos carabineros. Comparó el efecto esperado con el de la ley Naín-Retamal, la norma de 2023 que fortaleció la legítima defensa policial.
El proyecto comenzó en 2023, durante el gobierno de Gabriel Boric. Es la segunda ley despachada de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo del Ejecutivo. La primera, que amplía la flagrancia de 12 a 24 horas, fue promulgada el martes por el Presidente José Antonio Kast.
Según Arrau, una vez publicada la ley, las policías deberán ajustar sus protocolos operativos al uso de fuerza potencialmente letal en los casos que fija la norma.
