La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el informe de la comisión mixta sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), por 111 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. La comisión mixta reúne a diputados y senadores para resolver las diferencias entre ambas cámaras. Solo falta que el Senado apruebe el texto para que se convierta en ley.
De acuerdo con La Tercera, el proyecto acumula más de tres años de tramitación. El gobierno de Gabriel Boric lo ingresó en abril de 2023. Si el Senado lo despacha, sería la segunda iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo que llega a ser ley. Según Radio Universidad de Chile, la Cámara Alta comenzaría a revisarlo a las 16:00 horas del mismo miércoles.
Las RUF establecen un marco común para regular cómo policías y militares pueden emplear la fuerza. Hoy buena parte de esas reglas está repartida en decretos, circulares y protocolos de distinto rango. El texto fija ocho reglas de actuación, que van desde el despliegue disuasivo y la comunicación hasta el uso de armamento potencialmente letal.
El proyecto incluye el uso de escopetas con munición antidisturbios ante peligros graves e inminentes para la vida o la integridad física. Además, los uniformados que cumplan las reglas quedarán amparados por la eximente de cumplimiento del deber que contempla el Código Penal. Quienes se aparten de ellas mantendrán su responsabilidad.
El punto más debatido fue la fuerza potencialmente letal. La comisión aprobó la redacción del Ejecutivo: procede solo cuando los grados previos resulten insuficientes. Se justifica por cumplimiento del deber, legítima defensa, orden judicial, detención de quien resista a la autoridad, para impedir una fuga o proteger infraestructura crítica en peligro grave.
La comisión también eliminó varios artículos. Entre ellos están la prohibición expresa de la tortura y el resguardo de niños, niñas y adolescentes, porque esos temas ya están regulados en tratados y en otras leyes. Cayó, además, el artículo 13, que prohibía usar la fuerza contra personas arrestadas o detenidas.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió el acuerdo. "Las reglas que orientarán a quienes ejercen la legítima fuerza en nombre del Estado no deben ser una ley de trinchera política", sostuvo en la Sala.
El oficialismo respaldó el informe. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez lo llamó un complemento de la Ley Naín-Retamal. Luis Pardo (RN) afirmó que el texto "no da manga ancha" y entrega certeza jurídica. Eduardo Cretton (UDI) lo definió como una "garantía y no una camisa de fuerza".
El Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra. La diputada Lorena Fries (FA) criticó una ley que "ensancha la fuerza y estrecha la responsabilidad". Marcos Barraza (PC) acusó que el texto rebaja el umbral para usar fuerza letal cuando ninguna vida está en peligro.
Desde la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz apoyó tener una ley, pero cuestionó la norma sobre armas letales para proteger infraestructura crítica. A su juicio, esa hipótesis se aparta del estándar de Naciones Unidas y podría trasladar la discusión sobre sus límites a los tribunales.
El proyecto estaba en comisión mixta desde el 12 de mayo de 2025, cuando se rechazaron al menos 10 de sus puntos. Ahora el Senado tiene la última palabra. Si lo aprueba, el texto quedará despachado para su promulgación.
