Según El Mostrador, el Gobierno del presidente José Antonio Kast entregó versiones contradictorias sobre el aluvión de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. Además, las barreras de contención no estaban instaladas pese a advertencias técnicas conocidas meses antes. El medio informa que la Fiscalía investiga qué hicieron las autoridades para prevenir el desastre del jueves 8 de octubre.
De acuerdo con el mismo reporte, una encuesta Cadem muestra que el 51% desaprueba la respuesta del Ejecutivo. La nota no detalla la fecha de la medición ni su metodología.
Las críticas aumentaron este martes. La lluvia volvió a golpear Santiago con granizo, tormentas eléctricas y anegamientos. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para toda la Región Metropolitana, cinco días después del aluvión.
Desde Ñuñoa, el alcalde Sebastián Sichel emplazó al Gobierno por los recursos. "Lo que necesitamos es que para emergencias haya gestión de recursos, y hoy día no hay", dijo a 24 Horas. Según el balance municipal preliminar, hubo 15 viviendas afectadas, siete con daños graves. La comuna enfrentó la emergencia con cuatro motobombas, voluntarios de Bomberos y apoyo del Gobierno Regional.
Sichel es independiente y reconoció haber votado por Kast. Sin embargo, ya había marcado diferencias. El 5 de octubre acusó al Ejecutivo de "amateurismo" en las finanzas públicas por los recortes del Presupuesto 2027, entre ellos la eliminación del programa "Yo elijo mi PC".
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, también criticó la coordinación entre instituciones. "La emergencia no puede tener horario de oficina", advirtió en 24 Horas, y cuestionó la burocracia del Estado para dar seguimiento a las advertencias.
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, defendió la actuación oficial. "Un Gobierno no funciona en base a las personas, funciona a través de su institucionalidad", sostuvo en Tele13 Radio. Durante las primeras horas del aluvión, Alvarado estaba en Chiloé y el subsecretario Máximo Pavez, en Rapa Nui, ambos en actividades oficiales.
El ministro aseguró que encabezó de forma remota el comité de gestión del riesgo de desastres (Cogrid) desde las 18:30 horas del jueves. Kast coordinó la respuesta desde La Moneda. El Ejecutivo también defendió no emitir una alerta de evacuación por el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Su argumento es que el aluvión fue súbito y que evacuar sin zonas seguras identificadas podía generar más confusión.
Las advertencias venían de antes. En febrero, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) identificó un alto peligro de remociones en masa en la zona quemada por el incendio forestal de diciembre de 2025. En junio, académicos de la Universidad Católica volvieron a alertar sobre la fragilidad del terreno.
Pese a eso, las barreras dinámicas del municipio no estaban instaladas. Según una cronología municipal, el contrato de las obras se firmó el 5 de octubre, tres días antes del aluvión.
El episodio dejó una contradicción en el gabinete. El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, afirmó primero que las mallas estaban instaladas y no resistieron. San Martín lo desmintió. Después, De Grange reconoció que los trabajos seguían en etapa preparatoria.
Seis investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) identificaron una cadena de factores que aumentaron la vulnerabilidad de la cuenca, entre ellos la sequía y la degradación de la vegetación. El texto disponible de El Mostrador no detalla el resto del análisis ni el estado de la indagatoria de la Fiscalía.
