El Tribunal Constitucional (TC) concluyó este viernes el control preventivo de la Ley de Reconstrucción Nacional, la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast. El proyecto quedó en condiciones de ser promulgado. Sin embargo, el tribunal eliminó tres disposiciones del texto que aprobó el Congreso.
De acuerdo con La Tercera, La Moneda destacó el visto bueno al grueso de la iniciativa y espera promulgarla durante la próxima semana. El Congreso despachó el proyecto el 4 de agosto, pero debía esperar el pronunciamiento del TC para convertirse en ley.
La reforma es la apuesta estructural del Ejecutivo desde su instalación. Su objetivo es impulsar la inversión y el crecimiento económico.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fijó la postura oficial. "Lo que corresponde ahora es promulgar", dijo. Agregó que el fallo trae al gobierno "una gran esperanza" de que el país recupere "el impulso, el crecimiento y la certeza política".
El revés más relevante golpea a los municipios. La ley elimina las contribuciones para adultos mayores de 65 años y fija una compensación fiscal a las comunas por esos ingresos perdidos. El texto condicionaba ese pago a que los municipios redujeran en un 30% los tiempos de tramitación de permisos.
El TC declaró inconstitucional esa exigencia. Según La Tercera, el reparo afecta la compensación a los ingresos propios de cada comuna, no la parte que se redistribuye vía Fondo Común Municipal (FCM), el mecanismo que traspasa recursos de comunas con más recaudación a las más pobres. Ahora la compensación deberá entregarse de forma íntegra e incondicionada.
El tribunal también objetó una norma transitoria sobre la nueva modalidad de cobranza de patentes comerciales y derechos de aseo morosos. Esa regla permitía que, durante 2027 y 2028, parte de esos ingresos no se destinara al FCM en el porcentaje que fija la ley. El fundamento fue que solo cuatro comunas tienen esa obligación: Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura.
La tercera norma eliminada, que el TC ya había objetado antes, permitía al Estado indemnizar a proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el permiso ambiental de una inversión, aprobada y luego anulada por la justicia.
Pavez evitó profundizar en los recortes. "Vamos a analizar los efectos de este fallo específico", afirmó, aunque insistió en que lo más relevante es que el proyecto avanza. Las fuentes no detallan cuánto dinero involucra la compensación a los municipios.
El próximo paso ya está definido por el propio subsecretario. "Vamos a conversar con los ministros y vamos a ordenar ahora la promulgación", señaló, con el hito previsto para la próxima semana.
