Desde este viernes 2 de octubre, 35 notarios, conservadores y archiveros que superan los 75 años deben abandonar sus funciones. Es el primer efecto visible de la reforma al sistema notarial y registral, cuyo artículo segundo transitorio de la Ley 21.772 fijó ese tope de edad para ejercer.
Según informó CNN Chile, con antecedentes de Radio Biobío, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario Luis Silva firmaron los decretos que formalizan cada salida. El grupo tiene un promedio de 81 años de edad.
Los tres oficios cumplen tareas distintas. Los notarios dan fe pública de contratos y documentos, los conservadores de bienes raíces llevan los registros de propiedad y los archiveros custodian escrituras y protocolos. Todos son auxiliares de la administración de justicia.
En la nómina aparece Luis Maldonado, conservador de Santiago, de 81 años. Le siguen Alfonso Barrientos, conservador de Los Andes, de 96; Cesira Figari, conservadora de Coquimbo, de 88; Juan Facuse, notario de Macul, de 85, y Ricardo Valderrama, conservador de Valparaíso, de 84.
Las oficinas seguirán atendiendo. La ley dispone que interinos asuman los puestos mientras el Servicio Civil organiza concursos públicos para nombrar a los nuevos titulares. En regiones ya se emiten los decretos que definen el orden de prelación para esas subrogancias.
Santiago tiene una regla especial. Si falta uno de los conservadores, lo reemplazan los otros según antigüedad. Por eso Carlos Miranda administrará los tres oficios de la capital, ya que Kamel Saquel tampoco está ejerciendo.
Cinco de los afectados recurrieron a la justicia civil para evitar su salida: Maldonado, la notaria de Melipilla Rosemarie Mery, el conservador de Pozo Almonte Enso González, la notaria de Las Condes Linda Bosch y la notaria de La Calera Lidia Chahuán. Alegan, amparados en la Ley Zamudio (norma antidiscriminación), que el tope etario los discrimina arbitrariamente.
En la causa de Maldonado, la jueza Claudia Veloso pidió al Tribunal Constitucional (TC) pronunciarse sobre la inaplicabilidad del artículo 6, letra b), de esa ley. El TC admitió los requerimientos ligados a Maldonado, Mery y González y suspendió los juicios civiles, pero no detuvo los ceses.
La defensa de Maldonado, a cargo del exministro del TC Gonzalo García, solicitó frenar el decreto de salida hasta que el tribunal resuelva. García dijo que la petición "está lejos de constituir un privilegio". La Primera Sala revisó el miércoles los casos, sin informar una suspensión provisoria.
El exministro de Justicia Jaime Gajardo, académico de la Universidad Diego Portales, afirmó que la ley sí previó una transición y atribuyó la resistencia a intereses propios del sector. Miranda, como presidente de la Asociación de Notarios, Archiveros y Conservadores, aceptó que la norma debe cumplirse, aunque defendió el derecho a litigar.
Para 30 de los afectados, el retiro ya es efectivo. El destino de los otros cinco depende de lo que resuelvan los tribunales civiles y el TC.
