En San Salvador, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma fiscal que modifica la tributación y la regulación del sector de bebidas alcohólicas, según documentos oficiales revisados por Infobae. La iniciativa busca actualizar el marco normativo por motivos fiscales y para ajustar obligaciones con acuerdos comerciales internacionales.

La reforma cambia dos impuestos centrales: eleva el impuesto ad-valorem sobre las bebidas alcohólicas del 20% al 30% sobre el precio de venta al público, y aumenta el impuesto específico desde cinco centavos a diez centavos de colón por grado de alcohol por litro. Estos ajustes afectan cervezas, vinos y licores y trasladan presión fiscal tanto a productores como a importadores y comerciantes.

También se modifican las tarifas municipales: los derechos anuales por cada puesto autorizado para vender alcohol pasarán a equivaler a dos meses de salario mínimo urbano, frente a un mes previo. Además, la normativa duplica las multas y sanciones económicas por incumplimientos en inscripciones, permisos y por adulteración de productos, con el objetivo declarado de reducir la informalidad.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador será la autoridad responsable de aplicar y supervisar la ley, coordinando con las municipalidades y las autoridades fiscales. El Ministerio de Hacienda de El Salvador presentó el anteproyecto a la Asamblea, según las fuentes, pero los documentos públicos revisados no detallan la fecha exacta de entrada en vigor.

Históricamente, los aumentos de impuestos sobre bebidas alcohólicas en la región han perseguido dos objetivos: recaudar más recursos y reducir el consumo nocivo. En este caso, el Gobierno salvadoreño combina ambos argumentos y añade el cumplimiento de compromisos comerciales internacionales como justificación.

Quién gana y quién pierde está claro. Gana el fisco y, potencialmente, la recaudación municipal si las municipalidades logran aplicar las nuevas tarifas. Pierden productores, importadores y comerciantes por el mayor costo tributario. El ciudadano común puede enfrentar precios más altos en bebidas y una mayor exposición al mercado informal si la fiscalización no se refuerza efectivamente.

En lo práctico, las municipalidades deberán actualizar sus cuadros tarifarios y las autoridades sanitarias y fiscales endurecer la fiscalización para que las multas y registros se apliquen en la práctica. Queda por ver la implementación técnica, las fechas concretas de vigencia y si el cambio provocará litigios o demandas de la industria.

Para Chile y la región, la medida es relevante como referencia de política fiscal combinada con objetivos de salud pública. Puede marcar un precedente en la forma en que los gobiernos regionales usan la tributación sobre el alcohol para aumentar ingresos y regular mercados, pero su efectividad dependerá de la capacidad estatal para controlar la informalidad y proteger al consumidor.