Contexto histórico El Convenio de La Haya de 1961 creó la apostilla, un mecanismo para certificar documentos públicos extranjeros y evitar su legalización diplomática o consular. La medida buscó facilitar el comercio y la movilidad internacional. En Latinoamérica varias administraciones han impulsado la verificación electrónica para reducir trámites y costos.
El Ministerio de Economía de El Salvador presentó a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos, que incorpora un artículo 4-A. La iniciativa, firmada por la ministra María Luisa Hayem, plantea que la Administración Pública no exigirá legalización ni apostilla, ni copias autenticadas, para documentos públicos extranjeros vinculados a operaciones comerciales o aduaneras. También exonera esos requisitos cuando existan mecanismos electrónicos de verificación o acuerdos de cooperación con la entidad emisora. La propuesta fija un plazo máximo de diez días hábiles para que el interesado presente los documentos legalizados o apostillados en los casos en que una ley especial lo exija. Durante ese periodo la administración podrá dictar una resolución provisional, que se hará definitiva una vez cumplido el requisito. Si no se presentan los documentos, la autoridad podrá suspender o revocar la resolución. Todas las entidades públicas deberán adaptar sus procedimientos internos y la Corte de Cuentas de la República supervisará el cumplimiento. Nota: el texto original remitido a la prensa está incompleto en su última línea; no se dispone aquí de más precisión sobre ciertas excepciones. Consecuencias inmediatas Para exportadores e importadores la reforma promete acelerar trámites, reducir costos y disminuir tiempos en procesos aduaneros y compras públicas. Para las empresas chilenas que operan en Centroamérica, podría facilitar la presentación de contratos, certificados y registros sin pasar por oficinas consulares o notarías. Riesgos y obstáculos La eliminación de la exigencia de apostilla aumenta la dependencia de mecanismos electrónicos y acuerdos de verificación. Si esos sistemas no son robustos, hay mayor riesgo de fraude o documentos falsos. La facultad administrativa para emitir resoluciones provisionales puede crear incertidumbre para empresas si la fiscalización posterior resulta en suspensiones o revocaciones. Actores y posiciones Ganan, en principio, los operadores del comercio exterior, proveedores estatales y los agentes logísticos, por reducción de fricciones y costos. Pierde potencialmente la seguridad documental, salvo que se desplieguen sistemas efectivos de verificación electrónica. La Corte de Cuentas tendrá un rol clave como fiscalizador, similar al que ejerce la Contraloría General de la República en Chile.
En ese contexto, la propuesta es coherente con la agenda de simplificación administrativa que promueve el propio Ministerio de Economía, anunciado además en procesos como la consulta por el Reglamento de Tramitación Ágil. La pregunta política central es si la modernización tecnológica y los acuerdos internacionales acompañarán la medida. Si no, la eliminación de la apostilla podría traducirse en ahorro de tiempo pero mayor exposición a irregularidades. Para el ciudadano común la medida puede traducirse en menor costo y demora cuando empresas importen productos, o cuando el Estado contrate bienes y servicios. Sin embargo, el beneficio real dependerá de la implementación: interoperabilidad entre registros, capacidad de verificación electrónica y supervisión efectiva por parte de la Corte de Cuentas. Habrá que seguir la tramitación en la Asamblea Legislativa y los reglamentos secundarios que definan cómo se verifican los documentos.
