Betzabeth Kraljevic, una profesional de 25 años, murió en julio de 2022 en el Hospital Regional de Antofagasta por un infarto pulmonar bilateral, tras sufrir complicaciones mientras tomaba muestras COVID-19 en los pasos fronterizos Hito Cajón y Jama en la alta cordillera.

Según la investigación, la joven había sido contratada en junio de ese año y trabajaba bajo la supervisión del entonces encargado territorial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi de Salud) de Antofagasta. Testimonios recabados por la Fiscalía y la familia indican que, cuando Kraljevic presentó serios problemas de salud por la exposición a la altura, su supervisor habría minimizado los síntomas atribuyéndolos al "mal de montaña" y no tomó medidas médicas inmediatas.

El cuadro se agravó el 4 de julio, cuando la mujer fue trasladada desde la frontera a Antofagasta en una camioneta sin asistencia profesional, y falleció dos días después en el Hospital Regional de Antofagasta. Por esos hechos la Fiscalía de Antofagasta formalizó este martes al exfuncionario por cuasidelito de homicidio, acusación que atribuye una muerte causada por negligencia.

La formalización incluye el nombre del imputado, Mario Zarricueta, quien fue identificado como su supervisor directo en los puestos fronterizos. El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó un plazo de investigación de 150 días y decretó como medida cautelar el arraigo nacional para el imputado, según consta en la audiencia.

La familia de la víctima, que lleva años buscando responsabilidades administrativas y penales y recurrió incluso a la Corte Suprema, criticó la delimitación del caso en la jerarquía local. "Estamos muy seguros de que Mario Zarricueta es la punta del iceberg de los culpables en la muerte de nuestra hija. Esperamos que en este juicio la gente que era jefatura del imputado también sea formalizada", dijo Carlos Kraljevic, padre de la joven.

El caso abre preguntas sobre las condiciones de trabajo y los protocolos sanitarios en pasos fronterizos de altura, donde la atención médica es limitada y el riesgo de complicaciones por exposición es mayor. Representantes de la Seremi de Salud de Antofagasta no han emitido una declaración pública entregada a la Fiscalía sobre cambios en protocolos tras la muerte; la investigación deberá esclarecer responsabilidades administrativas y penales, y determinar si hubo omisiones en la cadena de mando.

En los próximos meses la pesquisa fiscal buscará reconstruir la cronología de las decisiones en terreno, las instrucciones que recibió el personal y los recursos disponibles para la atención en los pasos fronterizos. El resultado de la investigación y las eventuales formalizaciones adicionales quedarán sujetos al avance del proceso penal en el Juzgado de Garantía de Antofagasta.