Carabineros detuvo a 28 personas durante la marcha del lunes 12 de octubre en el centro de Santiago. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó la cifra y condenó los incidentes ocurridos durante la jornada.
Según informó CNN Chile, cientos de personas y organizaciones de pueblos originarios marcharon desde las inmediaciones del cerro Santa Lucía hacia la Alameda. Entre sus demandas estaban la autonomía territorial, la desmilitarización, la protección de la Ley Lafkenche y los derechos indígenas. La Ley Lafkenche regula los espacios costeros marinos de los pueblos originarios.
El medio indicó que gran parte de la convocatoria se desarrolló con normalidad. Sin embargo, grupos aislados levantaron barricadas, dañaron propiedad pública y privada y lanzaron piedras, bengalas y otros objetos contra personal policial en distintos puntos del centro.
Carabineros respondió con carros lanzaaguas y disuasivos químicos para dispersar a quienes participaban en los desórdenes. Después, las autoridades habilitaron de nuevo el tránsito por la Alameda, según T13.
El primer balance de Carabineros, entregado a las 14:30 horas, informaba 17 detenidos. De ellos, 14 fueron aprehendidos antes del inicio de la marcha, dentro de lo que la institución llamó un programa estratégico de mitigación. Los otros tres fueron detenidos durante la movilización.
La policía vinculó esas detenciones con desórdenes públicos, lanzamiento de fuegos artificiales, oposición al actuar de Carabineros y ocultación de identidad. Hasta ese reporte, la institución no registraba uniformados lesionados.
Más tarde, Arrau actualizó la cifra. "Hasta ahora, Carabineros registra 28 detenidos que deberán enfrentar la justicia", señaló el ministro. Agregó que "no hay causa ni conmemoración que justifique la violencia" y que el respaldo del Gobierno a Carabineros "es total".
Las fuentes no informan los delitos atribuidos a los 11 detenidos adicionales ni si hubo heridos después del primer reporte. Los detenidos se encuentran en la primera etapa del proceso: el paso siguiente es el control de detención, la audiencia en que un juez de garantía revisa si el arresto fue legal y la Fiscalía decide si formaliza, es decir, si comunica formalmente una investigación en su contra. Ninguna fuente detalla todavía cuándo serán esas audiencias.
