Un grupo de senadores de oposición presentó este jueves un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza, según La Tercera. La acción apunta a dos normas vinculadas al uso de fuerza potencialmente letal y al principio de proporcionalidad.
La primera objeción se refiere a la expresión que permite usar armamento letal ante ataques a infraestructura crítica o recintos militares. Según los requirentes, la norma no exige de forma expresa una amenaza concreta, grave e inminente contra la vida o la integridad física de las personas.
El reparo se concentra en la frase "o comprometer la seguridad militar o nacional, según corresponda". El documento sostiene que esa remisión no asegura que los casos de justificación respeten los límites que impone la protección constitucional de la vida y de la integridad personal.
La segunda objeción apunta a la remisión a los artículos 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar. Esas normas contemplan eximentes de responsabilidad penal. Los senadores advierten que su aplicación podría derivar en acciones contra civiles sin que exista necesariamente un peligro para la vida o la integridad física.
En el escrito, los parlamentarios afirman que esas disposiciones incorporan títulos de justificación con finalidades jurídicas distintas. Su argumento central es que tener una atribución legal para intervenir no equivale a estar autorizado para emplear fuerza potencialmente letal. A su juicio, son exigencias diferentes y distinguirlas resulta indispensable para proteger el derecho a la vida.
La información disponible no detalla qué senadores firmaron el requerimiento. Tampoco recoge una respuesta del Gobierno a los cuestionamientos.
El debate afecta directamente a quienes aplicarán la ley y a los civiles que podrían enfrentarla. Las reglas fijan cuándo los agentes del Estado pueden usar armas y bajo qué límites.
El próximo paso depende del TC. El tribunal primero debe declarar admisible el requerimiento y luego decidir si las dos normas impugnadas se ajustan a la Constitución.
