Carabineros detuvo a cuatro personas por comercialización de cigarrillos de contrabando en las comunas de Lo Prado y Estación Central, en la Región Metropolitana. El procedimiento comenzó con una riña en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins con avenida Las Rejas. Terminó con la incautación de 2.180 cajetillas avaluadas en cerca de $7.630.000.
Según informó T13, funcionarios de la 44ª Comisaría de Carabineros de Lo Prado recibieron una alerta de la Central de Cámaras de la municipalidad por una agresión en esa intersección. Las fuentes no precisan la fecha ni la hora del hecho.
De acuerdo con los antecedentes policiales, un hombre intentó comprar cigarros a un grupo de individuos. Según su relato, un desacuerdo por el pago derivó en una agresión en su contra. Por ahora, esta es la versión de la víctima recogida por Carabineros.
Los carabineros llegaron al lugar y siguieron a los involucrados, que intentaron escapar hacia el sector sur de la Alameda. A pocos metros del lugar del incidente detuvieron a dos de ellos: un ciudadano peruano de 34 años y un chileno de 22.
Otros dos siguieron huyendo y entraron a un domicilio en Estación Central. Funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 44ª Comisaría ingresaron al inmueble en situación de flagrancia. Es decir, sin orden judicial previa, porque perseguían a personas sorprendidas en un presunto delito. Allí detuvieron a dos ciudadanos peruanos de 26 y 22 años.
Durante el registro de la casa, los funcionarios encontraron bolsas con cigarros de contrabando de distintas marcas. Además, incautaron 186 cajas de medicamentos no sometidos a control, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Las fuentes no informan el monto del dinero.
Según la institución, las especies fueron fijadas fotográficamente y levantadas conforme al procedimiento policial. Esto significa que se registraron con fotografías y se retiraron como evidencia.
El caso está en la etapa de detención. Las fuentes no informan si los cuatro detenidos ya pasaron a control de detención, la audiencia en que un juez revisa la legalidad del arresto, ni si la Fiscalía los formalizó. Tampoco se conocen el número de causa, el estado de salud del hombre agredido ni los cargos específicos que podría presentar el Ministerio Público.