Los 565 bienes del Hospital Modular de Campaña N°2 Barros Luco Trudeau, comprado durante la pandemia de covid-19, llevan cuatro años sin uso en una bodega de San Miguel, según BioBioChile. El medio tuvo acceso a un informe de la Contraloría General de la República que cifra el perjuicio en $859 millones.
La Contraloría es el organismo autónomo que fiscaliza el uso de los recursos públicos y la legalidad de los actos de la administración del Estado. Hoy la encabeza Dorothy Pérez.
El 6 de abril de 2020, la Subsecretaría de Redes Asistenciales aprobó la contratación urgente de hospitales de campaña modulares para aumentar las camas disponibles. El Ministerio de Salud firmó con la empresa Weatherhaven Global Resources la compra de cinco hospitales con capacidad para 100 personas cada uno, por 13,7 millones de dólares, unos 9.718 millones de pesos.
Uno de ellos llegó al Hospital Barros Luco Trudeau. Entre adquisición y traslado, esa unidad costó 2.102 millones de pesos. En junio de 2020 ya funcionaba sobre una cancha de fútbol colindante al recinto.
El hospital modular operó hasta el 31 de octubre de 2021. Al mes siguiente, la subsecretaría lo transfirió de forma gratuita al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), que quedó como dueño de todos sus derechos y acciones.
La entonces directora del SSMS, Carmen Aravena, informó que no había un destino próximo para las instalaciones. Mencionó los altos costos de traslado y problemas logísticos por el tamaño de las piezas. Según el servicio, las opciones se limitaban al desarme y bodegaje, o a un traspaso a otra institución.
El 11 de mayo de 2023 se aprobó una licitación para mantener, desarmar y embalar la estructura. La adjudicó la Minera y Constructora Río Grande SpA por más de $187 millones. La empresa trasladó los bienes a la bodega de San Miguel, cercó el lugar y los dispuso sobre pallets.
Allí quedaron catres clínicos, mesas de alimentación, estanterías, camillas, lavamanos y sillas de ruedas. Consultado por la Contraloría, el SSMS reconoció que "no efectuó gestiones, consultas ni comunicaciones" para definir su uso, reasignación o transferencia a otros organismos públicos.
El ente contralor concluyó que se vulneró la obligación legal de administrar con eficiencia los recursos públicos. Advirtió además el riesgo de deterioro y depreciación de los bienes, que podrían haberse destinado a fines sanitarios o de interés público.
El SSMS respondió que el desarme obedeció al fin de la alerta sanitaria y que mantener el hospital en funcionamiento costaba $4.584 millones. Explicó que optó por guardarlo como reserva estratégica ante futuras emergencias o catástrofes. La Contraloría aceptó esas razones operativas, pero sostuvo que no justifican la ausencia de gestiones para transferirlo.
El informe también detectó diferencias entre el inventario del 17 de marzo de 2021 y el de 2026. El texto disponible de BioBioChile no precisa el detalle de esas diferencias ni las acciones concretas que iniciará la Contraloría.
