Cinco senadores de distintos partidos explicaron los alcances de su reforma constitucional de seguridad, según Emol. La iniciativa entró la semana pasada al Congreso y reemplaza la propuesta que impulsó originalmente el Ejecutivo.
Los firmantes son Arturo Squella (Republicano), Pedro Araya (PPD), Karim Bianchi (independiente), Iván Flores (DC) y Andrés Longton (RN). Expusieron su postura en una carta publicada en El Mercurio con el título "la Constitución frente al crimen organizado". La llaman "reforma de seguridad 2.0".
El primer cambio incorpora el crimen organizado al artículo 9° de la Constitución. Hoy esa norma trata el terrorismo como contrario a los derechos humanos. Los senadores aclararon que no buscan crear delitos desde la Carta Fundamental. Según la misiva, será una ley la que defina qué conductas quedan comprendidas y cómo se gradúan sus consecuencias.
El segundo eje apunta a las cárceles. Los parlamentarios proponen habilitar regímenes penitenciarios especiales de seguridad. El objetivo es impedir que los reos den órdenes, coordinen extorsiones o administren negocios ilícitos desde prisión. Estas medidas deberán ajustarse a la ley y respetar el debido proceso, también para quienes están en prisión preventiva.
El tercer cambio moderniza el estado de excepción de emergencia. Hoy la herramienta responde a amenazas ya en curso. La propuesta permitiría decretarlo ante peligros graves e inminentes para el orden público y ante daños actuales o inminentes para la seguridad de la nación. "El Estado no debiera estar obligado a esperar que una amenaza grave se consume para actuar", escribieron.
Los controles también cambian. El texto fija un período inicial máximo de 30 días, prórrogas autorizadas por el Congreso e informes del Presidente al menos cada 15 días. Además, el Parlamento podría revocar la medida cuando desaparezcan sus fundamentos.
La carta justifica la reforma en una "transformación de la delincuencia". Los senadores citan al comerciante que paga para trabajar y a la familia que deja su barrio por amenazas. A su juicio, esos casos van más allá de lo policial y amenazan derechos fundamentales y la convivencia democrática.
Los autores se adelantan a las objeciones. "No proponemos poderes ilimitados ni soluciones utópicas", afirmaron, y sostuvieron que seguridad y derechos humanos no se oponen. La nota de Emol, sin embargo, no recoge opiniones de críticos, del Gobierno ni de expertos sobre la iniciativa.
La alianza abarca desde el Partido Republicano hasta el PPD y la DC. Araya y Flores, además, forman parte del grupo de trece senadores opositores que llevó las Reglas del Uso de la Fuerza al Tribunal Constitucional. Esa amplitud les da a los autores un argumento político: dicen que la respuesta "no puede agotarse en un gobierno".
El proyecto ya está en el Congreso. Como reforma constitucional, deberá reunir el quórum especial que exige la Carta Fundamental. Emol no informa plazos de tramitación ni la comisión que lo revisará primero.
