Según BioBioChile, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, afirmó que unos 17 mil millones de dólares de deuda pública vigente deben reprogramarse porque "no tenemos los recursos para poder pagarla". Lo dijo en una entrevista con el programa Podría Ser Peor.
Reprogramar una deuda es parecido a lo que hace una familia que no alcanza a pagar el crédito que vence este mes. Pide un préstamo nuevo para saldar el anterior y así gana tiempo. La deuda no desaparece, solo cambia de fecha.
A esa cifra el ministro sumó cerca de 7 mil millones de dólares adicionales. Ese dinero cubriría el déficit fiscal de 2027, es decir, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda, además de fondos de financiamiento como los que BancoEstado entrega a las pymes.
García Ruminot explicó que los ingresos fiscales de 2027 serán similares a los de 2026. Mientras tanto, crece la presión de gastos como la Pensión Garantizada Universal (PGU), la salud y el reajuste de remuneraciones del sector público. La fuente no precisa en cuánto aumentan esos gastos.
El ministro también advirtió que el Estado destina cada año unos 5 mil millones de dólares solo a pagar intereses. Para dimensionarlo, es plata que no financia hospitales, colegios ni pensiones. Se va completa al costo de haber pedido prestado.
En la misma conversación, el secretario de Estado justificó la eliminación del programa "Yo elijo mi PC", que entregaba computadores a estudiantes. Sostuvo que tenía baja cobertura y un efecto poco significativo en el aprendizaje. "Llega un momento en que uno tiene que priorizar", señaló, y agregó que el gobierno apuesta por la inversión y el empleo.
Como contrapartida, García Ruminot destacó el aumento de recursos para la educación parvularia y el proyecto de sala cuna dentro del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que hoy se discute en el Congreso.
La entrevista partió con otro tema. El ministro comentó la promulgación de la ley que amplía el plazo de flagrancia, es decir, el tiempo en que las policías pueden detener a alguien sorprendido cometiendo un delito sin orden judicial. Según explicó, el plazo llega hasta 48 horas cuando actúa la autoridad marítima.
La medida apunta sobre todo a zonas rurales, donde fiscales y policías tardan más en llegar y los sospechosos suelen escapar antes de obtener una autorización judicial. Para García Ruminot, la ley permite "dotar al Estado de un instrumento más para favorecer la persecución penal".
Al cierre, el ministro coincidió con el conductor Julio César Rodríguez en la necesidad de transparentar en qué se invierten los impuestos. Las cifras de deuda las informó BioBioChile y el texto no detalla los plazos ni las condiciones de la reprogramación.
