En la Asamblea Legislativa de Costa Rica se tramita un proyecto de ley destinado a asegurar fondos para las asociaciones de cuidados paliativos, tras la caída de ingresos ligada a la venta de raspaditas, las loterías instantáneas.
La iniciativa, presentada por el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, propone que la Junta de Protección Social (JPS) reserve el 20% de las utilidades obtenidas por la venta de loterías electrónicas para asociaciones cuyos presupuestos sean inferiores a 80.000 Unidades de Desarrollo Escalonado (UDES), según el Banco Central de Costa Rica. El texto señala que esa asignación busca reforzar la capacidad de organizaciones con menos recursos para mantener servicios a personas con enfermedades avanzadas.
Los impulsores explican que el proyecto responde a la merma de recursos provocada por la baja en la comercialización de las raspaditas, lo que ha reducido los aportes de la JPS y pone en riesgo la continuidad del acompañamiento clínico y social que esas asociaciones brindan a pacientes y familias.
Hasta ahora, la estructura de financiamiento regulada por la Ley 8718 establecía que el 50% de las utilidades netas obtenidas por la JPS a partir de loterías instantáneas se distribuyera a fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor. Esas entidades, además, deben estar constituidas como organizaciones sin fines de lucro, registradas en el Registro Nacional y sujetas a fiscalizaciones periódicas y a la presentación de liquidaciones semestrales de los fondos recibidos.
Las asociaciones afectadas han advertido sobre el impacto operativo. En sus palabras, "esta reducción implica serias dificultades financieras para brindar los servicios que requieren las personas atendidas". Muchas de estas organizaciones cuentan con certificaciones del Ministerio de Salud de Costa Rica, la mayoría bajo la calificación de "Aprobación con Excelencia", según la exposición de motivos del proyecto.
Históricamente, los ingresos por juegos de azar han sido una fuente importante para programas sociales en Costa Rica. Este proyecto introduce por primera vez una fórmula específica para las loterías electrónicas. Quienes ganan con la medida son las asociaciones de menor presupuesto y, en consecuencia, los pacientes en etapa avanzada y sus familias. Los posibles perdedores son menos claros; el texto no detalla qué otras partidas de la JPS podrían ver reducida su disponibilidad si se concretan las reasignaciones.
Para Chile y América Latina, el caso es relevante porque ilustra un problema común: la dependencia de programas sociales de ingresos por juegos de azar y la vulnerabilidad de esos fondos ante cambios en el mercado. El debate que se abre en Costa Rica sobre cómo blindar servicios esenciales sin erosionar otras coberturas será observado por legisladores y gestores públicos en la región.
El proyecto sigue en trámite en la Asamblea Legislativa. Debe pasar por comisiones y votación en el pleno para convertirse en ley. Si avanza, será clave fiscalizar cómo la JPS implementa la asignación, qué beneficiarios concretos se priorizan y si habrá compensaciones para otras áreas que hoy reciben recursos del organismo.
