La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes tres disposiciones que el Senado había introducido al proyecto que regula la prevención y mitigación de incendios forestales, y por ello la iniciativa deberá ser revisada ahora por una comisión mixta. Entre las materias rechazadas está la eliminación de la indemnización a propietarios por el “daño patrimonial efectivamente causado en virtud del cumplimiento de las medidas ordenadas por esta ley”.

El voto para esas normas no alcanzó el quórum constitucional de 76, quedando registrado en 74 a favor, 58 en contra y 3 abstenciones. Además de la controversia sobre la indemnización, la Cámara desechó normas relativas a la reclamación de ilegalidad y a cambios en los planos reguladores respecto de áreas de riesgo o protección.

El proyecto fue ingresado por el Ejecutivo el 3 de octubre de 2023 y había sido aprobado en primer trámite por la Cámara el 6 de marzo de 2024. El Senado introdujo modificaciones el 27 de enero de 2026. Su propósito declarado es fortalecer la prevención mediante ajustes en la planificación territorial y la gestión forestal, crear atribuciones para el nuevo Servicio Nacional para la Prevención y Respuesta ante Desastres, conocido como Senapred, y fijar obligaciones para los propietarios de predios.

Entre las medidas que propone la iniciativa está que la determinación de áreas de riesgo sea pública y notificada a los dueños de los terrenos afectados. También se faculta a los Comités Comunales para la Gestión del Riesgo de Desastres a proponer medidas en zonas de amortiguación o de interfaz urbano-rural, se establece un marco sancionatorio, se regula el uso del fuego, y se incluyen incentivos a la agroforestería y patrullajes preventivos a cargo de Senapred.

El debate parlamentario combinó apoyos y críticas. Legisladores valoraron la incorporación de participación ciudadana y la educación para la prevención, pero cuestionaron la eliminación por parte del Senado de la ayuda técnica de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y mostraron cautela respecto de las obligaciones impuestas a propietarios, como mantener cortafuegos y planes de manejo, que podrían recargar a pequeños propietarios.

Ignacia Fernández, ministra de Agricultura de Chile, lamentó el rechazo parcial y pidió que la tramitación continúe en el próximo Gobierno, describiendo la iniciativa como una política de Estado orientada a ordenar el uso del territorio y fortalecer la gestión del riesgo.

En términos prácticos, la devolución a comisión mixta abre una instancia para negociar el equilibrio entre la responsabilidad privada en la mitigación de incendios y la protección de derechos patrimoniales de los propietarios. La decisión también tensiona la discusión sobre recursos y competencias: quién fiscaliza, quién financia cortafuegos y planes de manejo, y hasta qué punto el Estado debe compensar a dueños afectos a medidas obligatorias.

Para Chile y la región, la ley adquiere relevancia porque los episodios de incendios forestales han aumentado en frecuencia e intensidad en las últimas décadas, afectando bosques, infraestructura y comunidades rurales. La forma en que se resuelva el conflicto entre obligaciones y compensaciones puede convertirse en un referente para políticas en países latinoamericanos que enfrentan riesgos similares, y también impactará en variables prácticas como primas de seguros, ordenamiento territorial y carga fiscal. La comisión mixta tendrá ahora la tarea de limar diferencias antes de que la norma pueda quedar definitivamente redactada.