El Ministerio de Hacienda distribuyó este martes un folleto del Presupuesto 2027 que define cuatro prioridades de gasto: crecimiento, empleo y reconstrucción; seguridad; niñez; y protección de beneficios sociales. Según La Tercera, el documento también detalla que la Dirección de Presupuestos (Dipres), el organismo que diseña y controla el gasto fiscal, revisará 21 programas sociales para verificar quiénes los reciben.
La revisión busca responder dos preguntas. Si los beneficiarios cumplían los requisitos al recibir el beneficio y si todavía los cumplen. Para eso, el Estado cruzará datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el Registro Social de Hogares, el Registro Civil y la Policía de Investigaciones (PDI).
Entre los programas bajo la lupa están la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Subsidio Único Familiar, la gratuidad en la educación superior y el subsidio habitacional DS 49. La nota no detalla cuáles son los otros 17 programas.
Si recibes alguno de estos beneficios, lo práctico es tener al día tu información en el Registro Social de Hogares. Es como cuando el banco revisa tus datos: si algo no calza entre una base y otra, aparece una alerta.
Hacienda plantea que esta es una primera fase. Con los resultados, el Gobierno quiere extender los chequeos de forma gradual a toda la oferta social, con el objetivo de que cada programa pase por esta revisión automatizada todos los años, como parte del ciclo presupuestario.
La justificación está en las cifras. Pensiones, salud y educación explican más del 60% del Presupuesto, y según el folleto el 70% de la oferta programática de 2027 corresponde a programas sociales. "Cuidar cada peso del gasto social para que llegue a quien corresponde", resume el documento.
La PGU llegará a más de 2,2 millones de personas mayores, con recursos por $7 billones, un alza de 2,9% respecto de 2026. También se financian las Pensiones del Sistema de Reparto, con $2,1 billones, y la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, con $645 mil millones.
En la primera prioridad, crecimiento, empleo y reconstrucción, el gasto suma $9,53 billones, 8,1% más que en 2026. La Subsecretaría del Trabajo, a cargo de los principales programas de empleo de emergencia, recibirá $140.502 millones para proyectos intensivos en mano de obra, en un contexto que el propio documento describe como de alta tasa de desempleo.
El gasto de capital, es decir, la inversión en obras y no en gasto corriente, crecerá más de 6%. El presupuesto de inversión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) sube 9,3%, hasta $4.694.633 millones. Ese monto incluye una cartera extraordinaria de $375.850 millones para 241 contratos de conservación en todas las regiones, pensada para crear empleo.
Para reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes, el proyecto contempla más de $500.000 millones. En vivienda, el presupuesto del Minvu crece 5,8% y financia el primer año de un programa con 166.233 subsidios, por UF 77,9 millones, dentro de la meta de 400.000 soluciones habitacionales del período de gobierno.
Seguridad recibirá $7,03 billones, un alza de 9,1%, para policías, cárceles, prevención, fronteras, justicia y defensa. Niñez contará con $2,49 billones, 4,1% más que en 2026.
El proyecto llega al Congreso en medio de críticas. El exministro de Hacienda Mario Grau acusó un recorte de 30% en subsidios al empleo, y el sector científico advirtió una caída cercana a 80% en Fondequip. La discusión parlamentaria definirá si estas cifras se mantienen.
