El 11° Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva a un ciudadano venezolano de 29 años. El hombre está imputado por dispararle a un compatriota de 31 años en calle San Petersburgo, en la comuna de San Miguel, la noche del 3 de mayo.
Según informó Emol, el Ministerio Público lo formalizó por homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego. Formalizar significa que la Fiscalía le comunicó en una audiencia, ante un juez, que lo investiga por esos delitos. El homicidio frustrado es el que no se consuma porque la víctima sobrevive, aunque el autor hizo todo lo necesario para causar la muerte.
La versión de los hechos es la de la Fiscalía. Cerca de la medianoche, ambos hombres participaban en una reunión en la vía pública y discutieron. El imputado se retiró y, unos treinta minutos después, volvió con un arma de fuego y disparó varias veces contra el otro hombre. Luego huyó en un vehículo.
Uno de los disparos alcanzó a la víctima en la cabeza. Lo llevaron en riesgo vital al Hospital Barros Luco, donde estuvo varios meses en estado crítico. Sobrevivió.
El fiscal Sebastián Gana, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, explicó que la víctima "se encontraba en la vía pública compartiendo con un grupo de amigos" cuando ocurrió el altercado, según recogió BioBioChile.
La Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron al imputado revisando cámaras de seguridad. Así siguieron el vehículo en que escapó. Además, ubicaron a testigos que describieron cómo ocurrieron los hechos y lo reconocieron en un set fotográfico. Uno de ellos dijo que el agresor llevaba un polerón rojo con negro cuando amenazó a la víctima y que volvió con otro polerón para dispararle.
Las fuentes no informan la fecha exacta de la detención ni la de la audiencia. Tampoco dan el número de causa (RIT o RUC, los rol que identifican el expediente en el tribunal y en la Fiscalía) ni la versión de la defensa.
El caso está en etapa de investigación y el imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia. El tribunal fijó un plazo de 100 días para que la Fiscalía reúna antecedentes antes de decidir si presenta una acusación.
