La Policía del Valle del Támesis realizó este viernes un nuevo registro en la Royal Lodge, la residencia ligada a Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe y exduque de York, en el marco de la investigación en Reino Unido por sus presuntos lazos con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein.
El allanamiento en Windsor ocurre apenas horas después de que Andrés Mountbatten-Windsor fuera interrogado y posteriormente puesto en libertad en una comisaría de Aylsham, en el condado de Norfolk, donde permaneció cerca de once horas. Agentes policiales ya habían registrado días antes la Royal Lodge y la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra, y este nuevo procedimiento profundiza las diligencias abiertas por la Policía del Valle del Támesis.
Las pesquisas, según las fuentes oficiales, se centran en la sospecha de "conducta indebida en el ejercicio de cargo público", relacionada con la posible entrega de información sensible del Gobierno británico a Jeffrey Epstein, además de indagaciones que podrían tocar aspectos vinculados a delitos de trata de personas. Jeffrey Epstein era un financiero estadounidense condenado por delitos sexuales, cuya red y relaciones internacionales provocaron investigación y escándalo tras su muerte en 2019.
Andrés Mountbatten-Windsor es hijo de la fallecida reina Isabel II y fue durante años una figura visible de la monarquía británica, desempeñándose entre otros roles como enviado especial de comercio para el Reino Unido. Tras el estallido del escándalo vinculado a Epstein, anunció su retirada de la vida pública en 2019. En octubre de 2025 renunció formalmente a los honores que conservaba, incluido el título de duque de York, argumentando que las acusaciones afectaban el trabajo institucional de la Casa Real británica.
Más allá de las circunstancias personales, este episodio reaviva una discusión más amplia sobre la responsabilidad de las élites y la transparencia de las instituciones que encarnan la identidad nacional. Para la monarquía británica, ya afectada por episodios de crisis y reformas, la continuidad de la investigación supone un desafío de legitimidad en pleno debate público sobre el papel de la corona.
La Policía del Valle del Támesis no ha informado públicamente de medidas procesales concretas tras el registro, y la Fiscalía británica no ha detallado aún si habrá cargos formales. En lo inmediato, la investigación continúa, con posibles nuevas diligencias que definirán si el caso avanza hacia imputaciones y qué impacto tendrá en la ya debilitada imagen pública del entorno real.
