La semana pasada la policía británica llegó a Wood Farm, la residencia en Sandringham, para detener a Andrew Mountbatten-Windsor, conocido como el príncipe Andrés, por una presunta mala conducta en el ejercicio de su cargo público vinculada al caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein. El hecho ocurrió en el Reino Unido y reactivó en la opinión pública el debate sobre impunidad, redes de poder y la necesidad de vigilancia ciudadana.

En la mañana en que la noticia se precipitó, Phil Noble, fotoperiodista de la agencia Reuters, viajó desde Mánchester hasta Norfolk para conseguir una imagen del arresto. La foto, con el flash que resaltó las pupilas y el desconcierto del detenido, se convirtió en un símbolo inmediato: muestra cómo la labor diaria de reporteros y fotógrafos materializa verdades que de otro modo quedarían en manos del círculo del poder.

Detrás de esa imagen hay largas investigaciones. La periodista de investigación estadounidense Julie K. Brown siguió pistas y piezas dispersas del caso Epstein durante años; su trabajo público puso presión sobre procesos judiciales y políticos en Estados Unidos. Jeffrey Epstein era un financiero estadounidense condenado por delitos sexuales contra menores. Paralelamente, figuras como Alexander Acosta, ex secretario de Trabajo de los Estados Unidos y exfiscal en Miami, han sido cuestionadas por pactos procesales que favorecieron al acusado en el pasado, lo que plantea preguntas sobre cómo el poder protege a los suyos.

Frente a este tipo de revelaciones se repite la consigna de algunos tecnoligarcas: "El viejo periodismo no sirve para nada". Esa afirmación busca deslegitimar la fiscalización y desplazar a los mediadores independientes. La experiencia del caso Epstein muestra lo contrario: sin periodistas que investiguen, documenten y difundan, muchos hechos graves permanecerían ocultos.

La historia internacional tiene resonancias claras en Chile. Investigaciones locales que pusieron en la agenda pública casos de financiamiento irregular de campañas y redes de corrupción —como los casos Penta y SQM— terminaron generando indagaciones fiscales y reformas normativas. Esos ejemplos muestran que la prensa puede desencadenar investigaciones oficiales y cambios en la legislación cuando cumple su labor de verificación y denuncia.

El desafío hoy es doble: por un lado, garantizar recursos y protección para el periodismo de investigación; por otro, fortalecer instituciones que respondan a esas investigaciones con independencia, como la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos. Además, la sociedad civil y los lectores chilenos deben reconocer el valor público de ese trabajo si se quiere evitar que intereses económicos o tecnológicos impongan su relato.

La detención del príncipe Andrés y las piezas periodísticas que la explican no son sólo una noticia extranjera: son un recordatorio práctico de por qué una prensa independiente importa para la democracia. Para Chile, la lección es clara: recortar apoyo al periodismo o aceptar su deslegitimación no es una vía de modernidad, sino un riesgo para la transparencia y la justicia. El próximo paso es proteger investigaciones rigurosas y asegurar que los hallazgos periodísticos sean tomados en cuenta por las instituciones que deben actuar.