Documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que fiscales federales indagaron la relación entre Jeffrey Epstein y un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., conocida por sus siglas en inglés como CBP. El agente trabajaba en el aeropuerto Cyril E. King (código STT) de St Thomas, en las Islas Vírgenes de EE.UU., donde Epstein volaba con frecuencia en sus aviones privados antes de trasladarse en barco o helicóptero a sus islas privadas.
La pesquisa preliminar, abierta por el FBI en Nueva York en octubre de 2019, incluyó citaciones relacionadas con otros tres oficiales de CBP en ese mismo aeropuerto y entrevistas al piloto de Epstein. Según los documentos, el caso sobre el inspector agrícola Timothy "Bill" Routch —que habría tenido una amistad prolongada con Epstein mientras prestaba servicio en la preinspección de St Thomas— formó parte de la revisión. No hubo imputaciones penales contra funcionarios de CBP como resultado de esa investigación, y los registros públicos no muestran pruebas concluyentes de responsabilidad penal de agentes.
Jeffrey Epstein era un financiero condenado por delitos sexuales que en julio de 2019 fue procesado en Nueva York por presunto tráfico sexual de menores. Murió por suicidio en una cárcel federal en agosto de 2019. Su actividad en las Islas Vírgenes estadounidenses, un territorio no incorporado de EE.UU., incluyó el uso de vuelos privados y embarcaciones para mover a víctimas, según demandas presentadas por las autoridades locales.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, es la agencia federal que controla el ingreso de personas y mercancías en puertos y aeropuertos de EE.UU., y forma parte del frente estadounidense contra el tráfico de personas. Que documentos públicos muestren contactos entre un preso condenado por tráfico sexual y agentes de control fronterizo plantea preguntas sobre supervisión interna, conflictos de interés y la gestión de pasajeros VIP en puestos sensibles.
Reacciones y contexto internacional: los archivos liberados por el Departamento de Justicia se suman a otras investigaciones sobre asociados de Epstein en varios países, como las pesquisas vinculadas al expríncipe Andrés en Reino Unido. Eso subraya la dimensión transnacional del caso y la presión pública sobre instituciones para transparentar relaciones entre servidores públicos y personas poderosas.
Qué significa esto para Chile y Latinoamérica. Primero, confirma un riesgo conocido en el combate al tráfico de personas: la vulnerabilidad ante el acceso privilegiado de viajeros recurrentes y el posible aprovechamiento de lagunas en controles. En Chile, la entidad equivalente a CBP es el Servicio Nacional de Aduanas, que trabaja con la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público en casos de trata y delitos transfronterizos. Este episodio resalta la necesidad de mejores controles internos, rotación de personal en puntos críticos, registros de contactos con pasajeros y protocolos claros sobre prebendas o relaciones personales con viajeros frecuentes.
Segundo, hay un efecto en la cooperación internacional. La credibilidad de agencias como CBP influye en la colaboración a través de solicitudes de asistencia legal mutua y en operaciones conjuntas contra redes de trata. Fallas percibidas en una agencia clave de EE.UU. pueden complicar investigaciones donde participan autoridades chilenas y latinoamericanas.
Conclusión. Los documentos confirman que hubo indagaciones sobre vínculos entre Epstein y oficiales de CBP en St Thomas, pero no muestran cargos contra esos agentes. Más allá del resultado judicial, el caso obliga a revisar controles en puntos de entrada y la gestión de relaciones entre personal fronterizo y viajeros de alto perfil, lecciones relevantes para Chile y la región si se quiere prevenir el abuso y el tráfico de personas.
