Chile negocia con Estados Unidos un nuevo acuerdo comercial para intentar bajar el arancel de 12,5% que hoy pagan parte de las exportaciones nacionales, según BioBioChile. Las conversaciones avanzan en medio de una nueva polémica por las declaraciones del embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, sobre el estrecho de Magallanes.
Un arancel funciona como un peaje que cobra el país comprador cuando entra un producto extranjero. Si el peaje sube, el producto chileno llega más caro a las góndolas de Estados Unidos y compite peor frente a los de otros países.
La herramienta que evalúa el gobierno es un ART, sigla de Acuerdo de Comercio Recíproco. Este instrumento puede incluir rebajas arancelarias y también compromisos sobre inversiones, exportaciones y seguridad económica.
La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), el organismo de la Cancillería a cargo de las negociaciones comerciales, aseguró que el eventual acuerdo complementaría el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente con Estados Unidos desde 2004. Su objetivo, insiste, es ampliar las exenciones arancelarias sin reemplazar ese tratado.
Por ahora no se conoce el contenido definitivo del ART ni las concesiones que contemplaría. Especialistas advierten que habrá que revisar qué compromisos asumiría Chile a cambio de las nuevas exenciones.
Uno de los sectores afectados es la fruta. Iván Marambio, presidente del gremio Frutas de Chile, sostuvo que la fruta chilena sigue siendo competitiva en Estados Unidos pese al impacto del arancel. "Nos duelen los aranceles, valoramos el que las negociaciones se mantengan", afirmó.
El ruido político viene por otro lado. Judd sostuvo que, si Chile quiere contar con Estados Unidos para proteger sus derechos sobre el estrecho de Magallanes, tendrá que trabajar con Washington.
El diputado comunista Luis Cuello reaccionó con dureza. Advirtió que si el canciller Francisco Pérez Mackenna no emite una nota de protesta o declara persona non grata al embajador, como permite la Convención de Viena, se configuraría una causal de acusación constitucional.
En la vereda contraria, la diputada del Partido de la Gente Zandra Parisi, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, defendió al canciller. Dijo confiar en que su experiencia y capacidad de diálogo ayuden a alcanzar un acuerdo beneficioso para el país.
Si el acuerdo final requiere aprobación legislativa, el texto deberá pasar por el Congreso, donde se revisarán sus alcances y los compromisos que asuma Chile.
