En la negociación del reajuste del sector público de 2024, el gobierno y las organizaciones sindicales acordaron un protocolo que luego se materializó en la Ley N° 21.724. El artículo 90 de esa ley obliga a funcionarios públicos de carrera y a académicos de universidades estatales a jubilar al cumplir 75 años. La norma comienza a regir el 1 de enero de 2027.
La obligación afecta a quienes, a esa fecha, tengan 75 años o más y se desempeñen en cargos de planta y en la docencia universitaria estatal. El acuerdo fue negociado con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que justificaron la medida por razones económicas y de “renovación de la carrera funcionaria”. Consecuencias Críticos y sectores afectados han denunciado que la medida promueve el edadismo, la discriminación por edad, y genera riesgo de vulneración de la dignidad y del derecho al trabajo. Señalan también posibles contradicciones con la reforma previsional 2026, que busca retrasar la edad efectiva de retiro para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Entre los efectos prácticos están la pérdida de capital intelectual en servicios y universidades, mayor presión sobre pensiones y salud en un país que envejece, y la interrupción de proyectos de docencia e investigación.
Históricamente, las políticas públicas han usado incentivos al retiro para ajustar plantillas y abrir vacantes, pero esta norma instala un límite obligatorio que, según críticos, no tiene sustento técnico claro. Se ha invocado la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ambos instrumentos que prohíben la discriminación por edad, como referencias que podrían entrar en conflicto con la ley, según quienes la cuestionan. En ese sentido, la medida puede abrir litigios y recursos ante tribunales y organismos internacionales. Quién gana y quién pierde Gana el Estado en la medida en que se busca reducir costos y abrir cupos para trabajadores más jóvenes, y ganan también quienes promueven la “renovación” de las plantillas. Pierden los funcionarios y académicos mayores que ven vulnerado su derecho a seguir trabajando, y pierden las instituciones que dependen de la continuidad del capital humano para proyectos de largo plazo, como la investigación universitaria. Qué sigue El nuevo gobierno anunció que analizará la norma y la ciudadanía debe esperar la letra chica, en particular las excepciones y mecanismos de transición. En educación superior esto tensiona la propuesta del Consejo Asesor 2026-2038 para la formación y gobernanza de las universidades estatales, que exige consensos de largo plazo sobre carreras académicas. La discusión ahora será técnica y judicial, pero tendrá impacto directo en servicios públicos y en la calidad de la docencia e investigación estatal.
