El Ministerio Público, la fiscalía que investiga delitos en Chile, abrió indagatorias por un nuevo método que permite extraer dinero de las cuentas administradas por las AFP, las Administradoras de Fondos de Pensiones, para el pago de pensiones de alimentos. La maniobra habría sido empleada tras la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, llamada Ley Papito Corazón.

Según registros del Ejecutivo, desde la puesta en marcha de la ley se han cargado a cuentas previsionales obligaciones por un monto considerable: más de $940 mil millones CLP y la medida se ha aplicado a más de 200 mil morosos. El mecanismo que investiga la fiscalía, según fuentes judiciales citadas en la investigación, consiste en una colusión entre una pareja para que el tribunal de familia autorice el pago excepcional de la deuda con fondos de la AFP.

Este fraude aprovechó un recorte legal y un procedimiento judicial: la ley permite el cobro efectivo de pensiones de alimentos con cargo a las cuentas de capitalización individual cuando procede judicialmente, pero la Fiscalía detecta que en ciertos casos se habría falseado la necesidad real del cobro, o que la petición fue promovida por personas con interés en que esos recursos se trasladen de forma indebida.

El antecedente más directo son los retiros de fondos aprobados durante la pandemia, cuando las extracciones anticipadas permitieron pagar obligaciones alimentarias: entre los tres retiros aprobados se pagaron 587 mil deudas por un total de US$724 millones. Con ese historial, el Gobierno de Gabriel Boric, presidente de Chile, impulsó la Ley Papito Corazón para institucionalizar el pago efectivo de pensiones de alimentos, con tramitación a cargo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, liderado por Antonia Orellana, ministra chilena.

Durante la discusión legislativa, parlamentarios y una organización civil alertaron sobre la posibilidad de este tipo de abusos y propusieron cambios. El Ejecutivo respondió que la norma debía regir sobre la mayoría de los casos y no sobre excepciones, sosteniendo el principio de buena fe. Hoy esos reparos aparecen como advertencias preventivas ante la investigación abierta por la Fiscalía.

El impacto económico y social es directo: extraer recursos previsionales reduce los saldos individuales, lo que puede traducirse en pensiones más bajas en el futuro. Además, el episodio complica la discusión pública sobre reformas previsionales que el Gobierno promueve, porque pone en tensión la confianza en que los ahorros quedarán destinados a jubilación y no serán susceptibles de manipulaciones.

Por ahora la investigación formal la lidera el Ministerio Público. No hay, hasta donde consta públicamente, anuncios oficiales de que el Servicio de Impuestos Internos, SII, la entidad recaudadora fiscal, o la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, el regulador del sistema financiero, hayan abierto indagatorias administrativas, aunque fuentes del mundo jurídico señalan que podrían sumarse consultas sobre control judicial y transparencia en las autorizaciones.

El caso plantea dos frentes: por un lado, la necesidad de reforzar los controles de los tribunales de familia para verificar la veracidad y la proporcionalidad de las solicitudes de cobro; por otro, la posibilidad de ajustar la ley para cerrar vacíos que permitan la colusión. Si no se corrigen, estos vacíos no solo afectarán a los ahorros previsionales de miles de personas, sino que también erosionarán el respaldo político y técnico que necesita cualquier reforma de pensiones en Chile.