El rector de la Pontificia Universidad Católica (UC) y presidente del G9, Juan Carlos de la Llera, envió una carta de cuatro páginas a los parlamentarios. En ella les pidió no aprobar la partida de Educación Superior del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 en los términos propuestos por el Gobierno.
Según informó T13, a partir de un reportaje de Ex-Ante, la preocupación de las universidades del G9 se concentra en tres puntos: la caída del Aporte Fiscal Directo, la reducción del Basal por Desempeño y nuevas restricciones para usar los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Las fuentes no detallan qué instituciones integran el G9, aunque indican que el Basal por Desempeño financia a universidades privadas tradicionales del sistema.
De la Llera sostiene que no pide más recursos, sino mantener los aportes estatales en términos reales, considerando la inflación proyectada. "Lo que este proyecto pone en riesgo son los principios sobre los cuales Chile ha construido uno de los sistemas universitarios más sólidos de América Latina", escribió.
El primer foco es el Aporte Fiscal Directo (AFD), un aporte institucional que las universidades usan para financiar su planta académica, sostener la investigación y cubrir compromisos de largo plazo. A diferencia de los fondos por proyecto, forma parte de su base de financiamiento. Para las universidades del G9, el AFD llega a $124.695 millones en el proyecto, una caída de 3% frente a la Ley Base 2026. Con una inflación proyectada cercana al 3%, el G9 plantea que el monto debería al menos conservar su poder de compra.
El segundo punto es el Basal por Desempeño (BpD), que pasa de $58.203 millones a $52.560 millones. Eso equivale a una baja de 10,6% nominal y de 12,3% en términos reales. Sumados, el AFD y el BpD del G9 disminuirían 5,4%, y la brecha para mantener su poder de compra respecto de la Ley inicial 2026 alcanza $11.578 millones.
El tercer foco son los excedentes del Fondo Solidario, recursos que provienen de la recuperación de créditos entregados a estudiantes en años anteriores. Las glosas 11 del Programa 02 y 15 del Programa 03 reducen en 10 puntos porcentuales los márgenes vigentes en 2025 y 2026. El uso de excedentes del año anterior baja de 45% a 35%, y el de los acumulados hasta 2025, de 30% a 20%.
Según el sector, estos excedentes son una de las pocas fuentes con que las universidades amortiguan la brecha de financiamiento asociada a la gratuidad. Por eso, la restricción limita también su capacidad para compensar otras presiones presupuestarias.
Las universidades estatales enfrentan recortes similares. Un informe de Acción Educar, centro de estudios en educación, indica que el Aporte Institucional a las Universidades Estatales cae 11,4%, unos $13.184 millones. El Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales disminuye 34,8%, cerca de $7.731 millones, y el aporte a la Universidad de Chile baja 13,6%.
"Se reduce el aporte y al mismo tiempo se cierran todas las vías de ajuste", planteó De la Llera, quien advirtió que las universidades no pueden compensar estas bajas subiendo libremente aranceles o matrícula. Su petición al Congreso es mantener en términos reales los aportes estatales y los recursos para ciencia e investigación durante la tramitación de la partida.
