La discusión del Presupuesto 2027 partió este martes en el Congreso con un fuerte choque. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, expusieron ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. La oposición respondió con críticas a los recortes en programas sociales y al nivel de endeudamiento.
Según informó Diario Financiero, las críticas apuntaron a los menores recursos para salud y educación, al financiamiento de la Ley Cholito, sobre tenencia responsable de mascotas, y al cierre de la Fundación Prodemu, dedicada a la promoción y el desarrollo de la mujer. Algunos parlamentarios oficialistas también plantearon reparos.
Quiroz defendió un erario con un crecimiento del gasto de 1,5% real. La meta es bajar el déficit estructural desde 2,6% del PIB este año a 1,8% en 2027. Según Ex-Ante, el ministro atribuyó el ajuste a una herencia fiscal que "superó nuestras previsiones" y acusó al gobierno de Gabriel Boric de incumplir sus metas en tres de cuatro años.
El ministro también expuso las prioridades del proyecto. Seguridad recibe cerca de $7 billones, un alza de 9,1%. Niñez sube 4,1% y Salud, 4,7%. La Pensión Garantizada Universal (PGU) mantiene cerca de $7 billones.
El punto más tenso fue la deuda. El Ejecutivo pide US$ 25.600 millones para 2027, de los cuales US$ 17.000 millones sirven para pagar deuda existente. "La cifra corresponde a endeudamiento bruto", aclaró Quiroz. El senador Javier Macaya (UDI), presidente de la comisión, sostuvo que el monto "no excede los niveles recomendados por el Consejo Fiscal Autónomo", el organismo técnico que vigila las finanzas públicas.
Macaya prefirió hablar de "reasignaciones" y no de recortes. Recordó que los presupuestos suelen cambiar en su tramitación. Sobre la Ley Cholito, planteada por el diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG), admitió una "sensibilidad social muy relevante" y abrió la puerta a corregirla.
La senadora Yasna Provoste (DC), jefa del Comité Unidos, contó más de 27 partidas con reducciones importantes, hechas a su juicio "por razones ideológicas". Condicionó el apoyo al endeudamiento a que el gobierno reponga lo rebajado en derechos sociales. También denunció falta de transparencia por la eliminación de glosas del Ministerio de Educación que obligan a informar al Congreso.
Su compañero de bancada, el senador Iván Flores, culpó a la megarreforma de la necesidad de deuda. Según él, el gobierno de José Antonio Kast redujo los ingresos fiscales al bajar el impuesto a las grandes empresas. La reforma reduce el impuesto corporativo de 27% a 23% hacia 2029.
El cierre de Prodemu sumó críticas de ambos lados. El diputado Omar Sabat (independiente UDI) pidió reevaluarlo. La diputada Nathalie Castillo (PC) recordó que la fundación atiende a más de 50 mil mujeres al año, entre temporeras, campesinas y jefas de hogar. Advirtió que 942 mujeres rurales cursan el segundo año de un programa de tres años.
El rechazo también llegó desde las regiones. De acuerdo con CNN Chile, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (independiente), calificó los ajustes de "brutales" tras reunirse con Quiroz. Su región perdería $15 mil millones y, según dijo, será difícil mantener programas.
El gobernador de O'Higgins, Pablo Silva (PS), habló de un posible "castigo político". Cuestionó la diferencia con otras regiones frente a la rebaja de 7% anunciada. Dijo que espera una revisión del caso de sus 33 comunas.
El proyecto sigue ahora su paso por las subcomisiones mixtas. Macaya aseguró estar abierto a recibir propuestas antes de la votación.
