El rector de la Pontificia Universidad Católica (UC), Juan Carlos de la Llera, pidió este miércoles a la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos que no apruebe la partida de educación superior de la Ley de Presupuestos 2027 en los términos presentados, según Emol. De la Llera también preside el G9, la red que agrupa a universidades públicas no estatales.
El académico cuestionó la reducción de montos y sostuvo que "cuesta entender qué objetivo de política pública persigue". Su petición fue concreta: mantener reajustados por inflación los aportes a las universidades y los recursos para ciencia.
Según cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres) citadas por Emol, los fondos para educación superior suman $3.580.469 millones. Dentro de ese total, el proyecto contempla un recorte real de 12,41% en el Fondo Basal por Desempeño para universidades y de 25,2% en los recursos para el fomento de la investigación.
El rector apuntó sobre todo a este último. "Solo las universidades del G9 generan el 45% de la productividad científica de Chile", afirmó. Advirtió que, en un país que invierte en innovación y desarrollo muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el ajuste "compromete significativamente nuestras posibilidades de desarrollo".
"No podemos sacrificar capacidades que han tomado décadas construir por un ajuste de corto plazo cuyos costos se pagarán durante varias generaciones", dijo ante los parlamentarios que analizan el proyecto en el Senado.
En su exposición, De la Llera recordó que la UC, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y la Universidad Técnica Federico Santa María ocupan los lugares 1, 11, 22 y 49 del ranking QS Latinoamérica. "Ninguna política pública razonable castiga el desempeño", insistió.
También criticó el recorte al Aporte Fiscal Directo, un fondo que no ha tenido cambios sustantivos en años. "Un aporte basal existe justamente para dar estabilidad, y pierde todo sentido si se convierte en una variable de ajuste fiscal de un año a otro", señaló.
Sobre la gratuidad, el rector explicó que los aranceles regulados, es decir, los montos que fija el Estado por cada carrera, no cubren su costo real. Solo en la UC, esa diferencia genera una brecha anual cercana a $20.000 millones. "Las universidades ya están subsidiando una política pública insuficientemente financiada", afirmó.
A eso sumó la restricción al uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario, mientras los planteles no pueden fijar aranceles ni crecer libremente en matrícula. "Se reduce el aporte y al mismo tiempo se cierran todas las vías de ajuste", advirtió.
El rector agregó la baja de 6,4% en el presupuesto del Ministerio de Ciencia respecto de la base comparable de 2026. A su juicio, eso implica un "golpe doble" para las universidades, que verían afectada su capacidad de formar personas y de generar conocimiento.
La nota de Emol no incluye una respuesta del Gobierno ni del Ministerio de Hacienda a los planteamientos del rector.
"No estamos pidiendo un aumento", precisó De la Llera. "Pedimos únicamente que el Estado preserve el valor de su compromiso con las universidades". La subcomisión debe ahora votar la partida, que luego seguirá su tramitación en el Congreso.
