Hace una semana, tres jueces de la alta corte del Reino Unido fallaron que el gobierno se excedió al incluir al grupo de acción directa Palestine Action en medidas antiterroristas. El fallo concluyó que la medida fue desproporcionada y no se ajustó a la ley, en un revés judicial para los ministros británicos.
Palestine Action es un colectivo que realiza acciones directas contra empresas e instituciones que considera cómplices del suministro de armamento a Israel. Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, presentó la demanda contra la proscripción. En el proceso, la escritora irlandesa Sally Rooney, autora de Normal People y Conversations with Friends, entregó dos declaraciones como testigo, que la defensa citó para mostrar el impacto sobre la libertad de expresión.
Los jueces estimaron que hubo una "interferencia muy significativa" con los derechos a la libertad de expresión y de reunión, y que la proscripción fue desproporcionada. La alta corte consideró que la prohibición fue desproporcionada e ilegal. El tribunal respaldó a Ammori en dos fundamentos, según el texto del fallo; sin embargo, rechazó otra de las pretensiones planteadas por la demandante, detalle que las fuentes consultadas no especifican en su totalidad.
Tras el veredicto, Rooney dijo que quería destinar parte de los ingresos de sus libros al grupo y que había cancelado en septiembre un viaje al Reino Unido por temor a ser detenida. "Estoy inmensamente complacida y alentada de que la alta corte haya declarado ilegal la proscripción de Palestine Action", declaró la autora al diario The Guardian. Rooney dijo que destinará ingresos de sus libros para apoyar a Palestine Action.
Históricamente, la legislación antiterrorista británica se ha aplicado contra organizaciones armadas y grupos que representaban un peligro público claro. En ese contexto, el tribunal subrayó que convertir en delito la mera pertenencia o el debate político sin violencia supone una expansión inédita del alcance penal. Esto marca un precedente que limita el uso de figuras antiterroristas contra movimientos de protesta.
Quién gana y quién pierde es claro: ganan los demandantes y, en términos más amplios, las organizaciones civiles que defienden la protesta política; pierden los ministros que impulsaron la proscripción y ven restringida una herramienta legal que buscaban usar contra activismo disruptivo. Para la ciudadanía, el impacto es doble: protege derechos cívicos básicos, pero también reaviva el debate sobre cómo el Estado responde a tácticas de acción directa que afectan a empresas y servicios.
El caso tendrá eco fuera del Reino Unido. En América Latina, donde el uso de normas de orden público y antiterroristas contra manifestantes ha sido controvertido, el fallo ofrecerá un argumento jurídico y político para limitar medidas similares. No está claro si el gobierno británico apelará la decisión; las fuentes públicas hasta ahora no han detallado los pasos siguientes.
El veredicto obliga a repensar los límites entre seguridad y libertad. Abrirá discusiones legales sobre cuándo un acto de protesta puede ser tratado como delito grave y cuáles deben ser las salvaguardias para proteger el derecho a disentir en democracia.
