El Gobierno dio a conocer un balance sobre la acogida de la subvención de 100.000 pesos mensuales por seis meses destinada a taxis, taxis colectivos y transportistas escolares, medida diseñada para mitigar la alza de los combustibles. Hasta ahora, se han recibido 117.000 postulaciones, lo que representa más del 90% del universo beneficiario posible. En concreto, se trata de alrededor de 100.000 taxistas y colectiveros y 23.000 transportistas escolares. La cartera detalló que ahora trabajan en la revisión de quienes desean postular para evitar la duplicidad y asegurar que el beneficio llegue a quien corresponde. En regiones, el modelo continuará igual; hay un aporte directo pero relativo al tipo de contrato, manteniendo la entrega a través de un sistema único. «Estamos haciendo todos los esfuerzos para que esta inyección específica de recursos, que busca proteger al transporte público, a las personas de clase media que más usan los servicios de transporte público tanto en Santiago como en regiones y aquellos modos de transporte que más afectados se ven por la crisis internacional del petróleo, logren mitigar esta crisis que afecta muy fuertemente al bolsillo», afirmó el ministro Luis de Grange. Además, subrayó que «estas ayudas esperamos lograr contenerlas hasta fin de año». Por su parte, Verónica Contreras, presidenta de la Confederación Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile, comentó que «para algunos sí alcanza bien, para otros no tanto. Pero sí lo que tenemos claro es que estamos en una situación como país bien delicado, entonces no hay como muchas opciones de poder pretender más». En cuanto a la forma de pago, la subvención llegará solamente a través del monedero electrónico de BancoEstado, por lo que es importante que los beneficiarios lo tengan vigente. Quienes reúnan los requisitos y quieran postular aún pueden hacerlo a través de la página web del Ministerio de Transportes. Por último, De Grange señaló que no hay cambios en la frecuencia de buses. El ministro reiteró que el objetivo es proteger el transporte público y evitar impactos mayores en la economía familiar durante la crisis de combustibles.