Extrabajadores de educación de la Corporación G.G.V. Millonaria deuda previsional golpea a docentes de La Serena traspasados al SLEP A casi un año del traspaso definitivo de la educación municipal a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la deuda previsional que arrastra la Corporación Municipal de La Serena se ha convertido en un conflicto latente que enfrenta al municipio con los gremios de profesores y asistentes de la educación.
Mientras desde el municipio hablan de un total de $28.603 millones, el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITEDUC) asegura que la deuda global supera los $40 mil millones. Esto, considerando que la Corporación mantiene pasivos por más de $80 mil millones, de los cuales cerca de la mitad correspondería a cotizaciones previsionales impagas, afectando a cerca de 4 mil trabajadores del sistema.
El trasfondo es una compleja madeja financiera y legal que, a juicio de los afectados, amenaza con repetir la experiencia de la denominada “deuda histórica” docente, un problema que por décadas afectó a profesores a nivel nacional y que hoy vuelve a instalarse como un fantasma en La Serena. Una deuda que crece con intereses Desde la Municipalidad de La Serena detallaron que, según la actualización del informe financiero, la deuda alcanza los $28.603 millones, de los cuales aproximadamente $23.101 millones corresponderían a intereses acumulados en el tiempo.
No obstante, desde el municipio enfatizan que esta cifra corresponde a una “base de validación” y que el monto definitivo dependerá de un proceso de consolidación interinstitucional que se desarrolla a nivel central. En este participan organismos como la Subsecretaría de Educación, la Dirección de Presupuestos, la Superintendencia de Pensiones y el Instituto de Previsión Social.
“El pago de estas obligaciones no es inmediato ni de ejecución a nivel local”, sostuvieron desde la administración comunal, explicando que el procedimiento está regulado por el artículo 34 transitorio de la Ley N°21.040, el cual contempla etapas técnicas como validación de nóminas, verificación con entidades previsionales y autorización presupuestaria antes de concretar cualquier pago. En ese contexto, el municipio sostiene que no existen plazos perentorios definidos a nivel comunal, ya que la ejecución depende de la finalización de este proceso en el nivel central.