En medio de una disputa global sobre redes críticas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones autorizó a fines de enero un proyecto de cable submarino entre Hong Kong y la comuna de Concón, en la Región de Valparaíso. La iniciativa provocó una reacción inmediata de Washington y hoy está en pausa.
El 27 de enero, el ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, firmó un decreto que facultaba a CMI Chile SpA, filial de China Mobile —la mayor operadora de telecomunicaciones de China—, a instalar el proyecto conocido como Chile-China Express, o CCE (Chile-China Express). El proyecto contempla un tendido de 19.873 kilómetros y una vigencia de 30 años. Dos días después, el 29 de enero, el decreto fue invalidado por problemas formales en su redacción, según documentos revisados por la prensa.
La controversia escaló cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas del propio Muñoz, del subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya, y del jefe de gabinete Guillermo Petersen. El gobierno estadounidense justificó la medida al acusar que los funcionarios "llevaron actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional". El canciller Alberto van Klaveren confirmó que la discusión gira en torno al CCE y que Estados Unidos lo percibe como un riesgo para su seguridad nacional, aunque dijo que la propuesta estaba en una "fase sumamente inicial" y no autorizada.
Muñoz declaró haber mantenido una "conversación tensa" con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien lo habría advertido sobre posibles sanciones a mediados de enero. El ministro calificó luego la acción estadounidense como "una decisión desmedida" y sostuvo que el gobierno evalúa proyectos técnicos sin discriminar el origen. Según fuentes oficiales, la iniciativa sigue en evaluación técnica y hoy permanece "en pausa" tras las advertencias de Washington.
Este episodio tiene antecedentes claros en la política internacional reciente. Estados Unidos ha presionado antes a aliados y socios para limitar la participación de empresas chinas en infraestructuras sensibles, especialmente tras las disputas por la participación de Huawei en redes 5G. La discusión actual traslada ese patrón a los cables submarinos, infraestructuras que transportan la mayor parte del tráfico de internet global y cuya propiedad o control despierta preocupaciones de seguridad.
Las consecuencias son múltiples. En lo diplomático, la revocación de visas agrava la relación bilateral y pone en tensión la coordinación en otros sectores. En lo político interno, deja a Muñoz expuesto y abre interrogantes sobre la comunicación entre el Ministerio de Transportes y otras carteras, especialmente la Cancillería. En lo económico y técnico, la pausa genera incertidumbre sobre inversiones en conectividad, y para la ciudadanía introduce preguntas sobre la seguridad de datos y la diversificación de rutas internacionales de internet.
Quién gana y quién pierde resulta claro en parte. La empresa CMI Chile SpA vería un beneficio comercial importante si el proyecto prospera; Estados Unidos gana influencia al condicionar decisiones que afectan la arquitectura digital regional; y el Estado chileno enfrenta el costo político de una decisión que, por ahora, quedó sin efecto. Para el ciudadano común la discusión se traduce en preocupaciones sobre soberanía digital, resiliencia de la red y transparencia en la evaluación de proyectos.
Los próximos pasos serán técnicos y políticos. El ministerio deberá corregir la redacción del decreto si pretende reactivar la autorización, y la decisión podría requerir mayor revisión por parte de la Cancillería, análisis de seguridad y eventualmente fiscalización legislativa. También es posible que se discutan mecanismos más estrictos de revisión de inversiones en infraestructuras críticas.
En suma, el episodio combina un antecedente global —presión estadounidense sobre infraestructura digital— con un efecto doméstico inmediato: un decreto firmado que fue invalidado, funcionarios sancionados por restricciones de visa y un proyecto estratégico para la conectividad internacional que queda, al menos por ahora, en pausa.
