El embajador de Estados Unidos (EEUU) en Chile, Brandon Judd, cuestionó públicamente la respuesta del Gobierno del presidente Gabriel Boric tras la decisión de la administración del ex presidente Donald Trump de revocar las visas de tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
En una declaración pública, Judd vinculó la medida estadounidense con inquietudes sobre el proyecto de cable submarino denominado Chile China Express, que propone unir por fibra óptica Valparaíso con Hong Kong. Según el embajador, Washington considera que el proyecto presenta riesgos para la infraestructura crítica.
Judd dijo estar "profundamente decepcionado" de tener que hablar de visas en lugar de cooperación económica y seguridad pública, y recordó que "es nuestra decisión soberana quién entra en nuestro país". También afirmó que semanas antes su embajada compartió "información específica" con múltiples autoridades chilenas sobre presuntas incursiones en sistemas de telecomunicaciones.
Según el diplomático, esas presuntas intrusiones habrían afectado a compañías privadas y a "una prominente empresa chilena de la construcción", poniendo en riesgo la privacidad de usuarios de telefonía móvil y la información estratégica de empresas. Judd advirtió que la eventual adquisición de datos para competir en licitaciones sería "sin escrúpulos, ilegal y absolutamente peligroso, para la economía chilena", palabra suya.
El embajador afirmó además que, pese a haber compartido antecedentes, "hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de alguna acción tomada para remediar la situación" y que, ante la falta de información, deben asumir que el problema ha continuado, dejando a los chilenos expuestos a esos riesgos, según él.
La denuncia de la embajada estadounidense reaviva el debate en Chile sobre la protección de la infraestructura crítica y el papel de inversiones y proyectos extranjeros en sectores sensibles. El cable Chile China Express ha sido cuestionado en Washington por posibles riesgos de seguridad, un argumento que se suma a las discusiones internas sobre controles y regulaciones en telecomunicaciones.
Hasta la publicación de esta nota, el Gobierno de Gabriel Boric no había emitido una declaración pública que responda de manera integral a las acusaciones planteadas por el embajador. Tampoco hay información pública sobre medidas concretas de mitigación relacionadas con el proyecto o las presuntas intrusiones, más allá de la comunicación que, según Judd, realizó la embajada a autoridades chilenas.
La controversia abre un doble escenario: primero, una vía técnica y de inteligencia para verificar y mitigar amenazas a redes y a empresas privadas; segundo, un frente diplomático entre Chile y Estados Unidos que podría tensarse si no se sitúan respuestas y acciones compartidas. Queda por ver si el Ejecutivo chileno dará detalles de las gestiones internas o solicitará cooperación técnica internacional para esclarecer los hechos y proteger la infraestructura.
Fuentes citadas en esta nota: la declaración pública del embajador Brandon Judd y la referencia a la revocación de visas por parte de la administración de Donald Trump. No se han incluido comunicaciones oficiales del Gobierno de Chile ni nombres de la empresa afectada, que no fueron divulgados por la embajada.
