En la primera edición de Radioanálisis, el abogado, cientista político, académico y exembajador de Chile en China, Jorge Heine, planteó que la revocación de visas por parte de Estados Unidos a funcionarios chilenos debería llevar al gobierno entrante a reconsiderar su participación en la cumbre que se realizará en Miami, Estados Unidos. La crítica fue parte de su análisis sobre las sanciones vinculadas al proyecto Chile-China Express.

Heine rechazó la explicación entregada por Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, y calificó el tono y el contenido de las advertencias como inapropiados. "El tono no corresponde y en términos del contenido, esto de estar haciendo advertencias al gobierno de Chile, realmente no es la mejor manera de proceder", dijo el exembajador.

El núcleo del reclamo de Heine es político y técnico. Señaló que no hay decisión final del Gobierno de Chile respecto de la instalación del cable submarino desde Valparaíso a Hong Kong, por lo que, a su juicio, sancionar por una decisión eventual resulta inusual e inédito. Añadió que Chile necesita mayor conectividad con Asia y cuestionó por qué Sudamérica no tiene todavía un enlace directo, cuando existen alrededor de 30 cables submarinos que unen Asia con Norteamérica.

Según Heine, la discusión excede lo bilateral y entra en el terreno de la era digital. Recordó que, en su visión, Chile es el principal país digital de América Latina, con alta penetración y posicionamiento en gobernanza y velocidad de Internet, y que eso debería convertir al país en un eje de conectividad para la región. En ese marco, calificó como insólito que Estados Unidos intente impedir proyectos que él considera estratégicos para el desarrollo digital de Sudamérica.

En lo diplomático, Heine planteó que ceder a presiones geopolíticas por temor a sanciones sería un error y que esa postura no se condice con la política exterior chilena de las últimas décadas. Subrayó además que Chile pertenece a un reducido grupo de países que han firmado acuerdos de libre comercio tanto con China como con Estados Unidos, y que esa posición exige una política exterior capaz de equilibrar intereses.

La recomendación práctica del exembajador fue clara: si las sanciones se traducen en medidas como la revocación de visas a funcionarios chilenos, el gobierno entrante debe evaluar no concurrir a la cumbre en Miami como gesto político y de defensa de soberanía. Esa opción plantea costos y beneficios. Por un lado, prescindir de la cita puede denunciar presión externa y reforzar posiciones soberanas. Por otro lado, implicaría aislarse de interlocución directa con Washington en un foro multilateral y perder oportunidades de diálogo sobre comercio y seguridad.

En ese contexto, actores como el Presidente electo José Antonio Kast han pedido cautela y han dicho que analizarán los antecedentes antes del traspaso. El caso, además, abre una discusión más amplia sobre cómo combina Chile su necesidad de infraestructura digital con las contingencias de la rivalidad entre potencias.

Las próximas semanas serán clave: el gobierno saliente debe aclarar el estado del proyecto Chile-China Express, Washington debe explicar con mayor precisión sus motivos, y el gabinete entrante deberá decidir si convierte la revocación de visas en una razón diplomática para ausentarse de la cumbre en Miami. El resultado definirá quién gana y quién pierde en términos de influencia internacional, y cómo se traduce esa decisión en consecuencias concretas para la conectividad y el ciudadano común en Chile.