El pasajero que ofreció una declaración extensa en favor de la familia de Ruben Ray Martinez tras el tiroteo de marzo de 2025 murió el sábado en un accidente automovilístico en San Antonio, Texas, dijeron abogados de la familia. La víctima del choque fue identificada por los letrados como Joshua Orta, quien estaba con Martinez cuando ocurrieron los hechos en South Padre Island, Texas.

Según un borrador de declaración jurada preparado tras entrevistas en septiembre, Orta sostuvo que el vehículo de Martinez no había embestido a un oficial y que el auto «solo avanzaba mientras intentábamos dar la vuelta», y que un agente de Homeland Security Investigations disparó contra el lado del conductor desde aproximadamente dos pies sin dar advertencia ni órdenes de detención. Homeland Security Investigations es una unidad de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como DHS.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) afirmó la semana pasada que Martinez «intencionalmente atropelló a un agente especial de Homeland Security Investigations», lo que provocó disparos defensivos. La Associated Press y otros medios publicaron recientemente detalles del caso y señalaron que, según esos reportes, el DHS no hizo pública durante 11 meses la versión de que uno de sus agentes había disparado.

La muerte de Orta se produjo cuando el vehículo en que conducía se estrelló contra un poste en una salida curva de autopista en San Antonio, a alta velocidad, y se incendió, según la policía local. Los pasajeros pudieron salir del vehículo, pero no lograron rescatar al conductor. Los abogados de la familia de Martinez, que estaban preparando una demanda por muerte injusta, dijeron que con la muerte de Orta el caso perdió «un testigo crítico». "Primero y ante todo, la muerte de Joshua es una tragedia terrible para su familia y amigos", dijo Alex Stamm, abogado de la familia.

La investigación del tiroteo fue confirmada por los Texas Rangers, la división de investigación del Departamento de Seguridad Pública de Texas, aunque la agencia no ha detallado si entrevistó a Orta antes de su muerte. El DHS, por su parte, sostuvo: "We stand by our original statement", frase que reiteró su versión de los hechos.

Este episodio vuelve a poner en el centro el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales y la transparencia en los procedimientos. Informes señalan que el caso sería al menos uno de varios tiroteos mortales de agentes federales desde que, según medios, se inició una ofensiva nacional contra la inmigración durante la segunda presidencia de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos.

Para Chile y América Latina el caso tiene varias lecturas prácticas. Primero, subraya la fragilidad de la protección de testigos y la importancia de la transparencia en investigaciones que involucran a migrantes y a agentes federales estadounidenses, un tema de interés para familias de migrantes latinoamericanos en EE.UU. Segundo, vuelve a abrir la discusión sobre mecanismos de rendición de cuentas cuando la fuerza es ejercida por autoridades federales, y cómo esas investigaciones se coordinan con pesquisas estatales, como las de los Texas Rangers. En comparación, en Chile las investigaciones por uso de fuerza suelen recaer en la Fiscalía y en la Policía de Investigaciones o Carabineros, lo que muestra diferencias institucionales que afectan la percepción pública sobre imparcialidad y resultados.

El caso continuará bajo investigación y la familia de Martinez aún proyectaba presentar recursos civiles. La muerte del testigo complica la posibilidad de que la versión de la familia sea avalada por un testimonio presencial en un proceso judicial, y plantea interrogantes sobre cómo se preservan y difunden evidencias en casos con fuerte componente político y migratorio.