Un operativo reciente, sin fecha detallada por las autoridades, intervino en el cerro Huaricangana dentro de la Reserva Nacional San Fernando, en la provincia de Nasca, región Ica, Perú. La acción fue liderada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Según el comunicado oficial, las fuerzas estatales demolieron nueve campamentos rústicos usados para extracción clandestina. Además de las estructuras, se incineraron bidones de agua y combustible, y se selló un socavón de aproximadamente 1,7 metros de alto por 1,5 metros de ancho que facilitaba el acceso a restos minerales.

El Sernanp explicó que la intervención es clave para proteger un ecosistema de desierto costero que alberga tillandsiales, un conjunto de plantas que se adhieren a rocas y suelo y funcionan como alimento y refugio para la fauna local. Los tillandsiales sostienen a especies como el guanaco, un camélido silvestre sudamericano similar a la llama, que se desplaza entre la sierra y la franja costera.

La institución añadió que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para enfrentar la minería ilegal dentro de áreas protegidas. "La erradicación de la minería ilegal en esta área natural protegida es fundamental, ya que es uno de los pocos ecosistemas de desierto costero que cuenta con tillandsiales", señaló Sernanp en su nota. La minería clandestina degrada el suelo, altera ecosistemas frágiles y daña directamente a flora y fauna.

Las autoridades no informaron si se registraron detenciones ni entregaron detalles sobre eventuales procesos judiciales a cargo de la fiscalía. Desde el punto de vista práctico, la operación busca reducir la presión sobre un corredor biológico que, por sus características, es comparable a tramos frágiles del desierto costero del norte de Chile, donde la recuperación ecológica suele ser lenta.

La perspectiva es que las intervenciones se repitan mientras persista la actividad ilegal. Queda por ver si la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) formaliza investigaciones y si el Estado peruano consigue medidas de largo plazo para prevenir la reocupación de estas zonas.