Entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2026, la Policía Nacional del Perú (PNP) contabilizó 2.099 denuncias por extorsión, según el informe oficial que agrupa datos de DIVCOP - SICPIP y DIVEST (SIDPOL), unidades internas de la PNP encargadas de estadísticas e investigación, según el propio reporte.
El informe detalla la distribución regional: Lima Centro registra 898 casos, La Libertad 399, Piura 177, Callao 89, Lambayeque 80 e Ica 36. En comparación con 2025 hay una caída en las denuncias en varias jurisdicciones, por ejemplo Lima Centro pasó de 1.454 a 898 casos y La Libertad de 667 a 399, pero la suma nacional sigue siendo elevada y preocupante.
La PNP y el reporte atribuyen a bandas organizadas la alta incidencia en sectores como el transporte y el comercio. Transportistas, comerciantes y familias aparecen como los principales afectados, con exigencias de “cupos” y amenazas que, según el documento, se han vuelto más violentas y con métodos cada vez más sofisticados, lo que ha generado paralización parcial de rutas y temor en barrios y mercados.
Cronología y dinámica: el informe cubre las primeras siete semanas del año y refleja un patrón concentrado en la capital y la costa norte. El fenómeno no es homogéneo: mientras algunas regiones muestran menos denuncias que en 2025, otras mantienen niveles altos. El reporte no detalla medidas operativas concretas adoptadas tras la medición, ni si la variación responde a mayor prevención, a desplazamiento de la actividad criminal, o a cambios en la denuncia ciudadana.
Contexto institucional y político: la cifra se produce en un escenario de inestabilidad política en Perú, donde el Congreso designó a José María Balcázar como presidente interino hasta julio de 2026. Esa fragilidad institucional, según analistas regionales citados en coberturas previas, puede complicar la coordinación entre autoridades y el despliegue de políticas de seguridad. Para Chile, la situación peruana es relevante por vínculos comerciales y flujos migratorios que pueden verse afectados por la alteración del orden público.
Estado actual y conclusiones: el balance oficial muestra el alcance del problema pero deja abiertas preguntas sobre respuesta estatal y protección efectiva a las víctimas. La evidencia apunta a la necesidad de fortalecer la investigación criminal, la protección del transporte público y el comercio local, y la cooperación policial regional. Para las autoridades y la sociedad civil, el desafío es convertir los números en medidas concretas que reduzcan la incidencia sin revictimizar a quienes ya sufren la extorsión.