A pocos días del 2 de marzo, cuando se voten los recursos de reclamación presentados por comunidades solicitantes de dos Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO) en la región de Aysén, volvió a activarse una ofensiva comunicacional contra la llamada Ley Lafkenche. Lo que está en juego es más que un pleito administrativo: se discute quién decide sobre el borde costero y bajo qué criterios.
En las semanas previas han circulado mensajes que presentan la norma como un freno al desarrollo desde Puerto Montt hacia el sur. Se afirma que la ley entrega propiedad exclusiva del mar a familias, que permite solicitudes desproporcionadas, que estaría siendo instrumentalizada por ONG con financiamiento extranjero, y que bloquearía inversiones estratégicas en acuicultura y turismo. Esas acusaciones configuran, al menos, cinco mitos que conviene examinar con calma.
El primer mito dice que la Ley Lafkenche otorga propiedad o uso exclusivo del mar a comunidades indígenas. Eso no es correcto. La norma reconoce usos consuetudinarios, es decir, prácticas históricas y actuales de pueblos originarios en espacios costeros. Ese reconocimiento obliga a regular esos usos, no a transferir títulos de dominio marítimo. La protección se articula con marcos administrativos y jurídicos existentes, y su alcance final depende de pasos regulatorios posteriores.
El segundo mito sostiene que las solicitudes son extensas y privilegian a pocas familias. La ley fija criterios técnicos y administrativos para evaluar las solicitudes. Las autoridades pueden acotar, modificar o rechazar peticiones que no cumplan requisitos o que entren en conflicto con bienes públicos y actividades ya establecidas. Si hay casos de solicitudes cuestionables, deben demostrarse con datos, no con alarmismo.
El tercer mito apunta a una supuesta manipulación por parte de ONG y financiamiento extranjero. Esa narrativa es una estrategia política recurrente para deslegitimar demandas territoriales. No hay, hasta donde constan las declaraciones públicas y los expedientes administrativos, evidencia clara de que las comunidades locales estén siendo controladas por actores externos en la forma que se describe.
El cuarto mito es que la ley paraliza la inversión. Aquí hay una tensión real y legítima: la entrada en vigor de la Ley N°21.600 sobre Biodiversidad y el reconocimiento de ECMPO introducen instrumentos de gestión ambiental y participación que pueden restringir proyectos en zonas frágiles. Eso no equivale a una paralización indiscriminada; implica, en cambio, una redistribución de riesgos regulatorios. Ganancias y pérdidas se reparten de otra manera. Ganan las comunidades que recuperan capacidad de decisión sobre usos del mar. Pierden actores que hasta ahora operaban con menor exigencia de consulta y evaluación ambiental.
El quinto mito reduce la norma a un trámite sectorial. Al contrario, como han señalado comentaristas y comunidades, la Ley Lafkenche instala una discusión sobre la redistribución del poder sobre el mar, sobre quién decide, con qué criterios y para qué fines. Esa disputa tiene antecedentes: la exclusión histórica de pueblos originarios de decisiones sobre recursos costeros y la expansión productiva sin marcos de gestión integrados.
Para el ciudadano común, las consecuencias son concretas. La ley promete mayor claridad sobre derechos de uso y mayor participación local, lo que puede traducirse en pesca más sustentable y protección de espacios costeros. Al mismo tiempo, es probable que algunos proyectos demoren más por procesos de evaluación y acuerdos locales, lo que genera incertidumbre laboral y económica en zonas dependientes de la expansión productiva.
Políticamente, la votación de Aysén será un punto de referencia. Si los recursos son rechazados o confirmados, marcarán un precedente para otras solicitudes en la costa sur. La discusión obligará a actores públicos como el Ministerio del Medio Ambiente y gobiernos regionales a precisar procedimientos y plazos. También exigirá más transparencia en los criterios de evaluación para que no predomine la desinformación.
En ese contexto, la discusión no es solo técnica. Es política y simbólica. Las posiciones están claras: una parte presiona por agilidad para inversiones costeras, otra por reconocer y proteger prácticas y territorios de pueblos originarios. El desafío práctico será combinar seguridad jurídica, participación efectiva y protección ambiental, para que el mar no sea cancha exclusiva ni de intereses privados ni de discursos basados en mitos.
