Tras seis años de espera desde su promulgación en 2019, el retiro obligatorio del cableado en desuso comenzó esta semana con un plan piloto en la comuna de Santiago. La ley conocida como "Chao Cables" obliga a las empresas de telecomunicaciones a remover los tendidos obsoletos que cuelgan de fachadas y postes de las calles.

El operativo arrancó con fuerza en la Región Metropolitana, donde ya se intervinieron tramos comerciales del Barrio Franklin y se anunció el traslado de las cuadrillas al Barrio Meiggs. Mario Desbordes, alcalde de Santiago, dijo que gracias a una ordenanza municipal se han retirado 1.680 kilos de cables, materiales que fueron destinados al reciclaje.

El alcalde reconoció que la solución ideal es el cableado subterráneo, pero señaló los costos: "El 'sueño del pibe' es tener cableado subterráneo; en Santiago eso vale millones de dólares y no tenemos los recursos". Por eso, explicó, se optó por coordinar un piloto con la ayuda de las empresas de telecomunicaciones para acelerar el despeje del espacio público.

Gonzalo Durán, delegado presidencial en la Región Metropolitana, detalló que el plan se ejecutará de forma simultánea en comunas como Santiago, Recoleta e Independencia, elegidas por concentrar servicios y por la acumulación histórica de cableado. Durán añadió que la intervención se vincula con otras acciones urbanas y de prevención situacional para mejorar integralmente ciertos barrios.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), la entidad del gobierno encargada de regular el sector, fijará los plazos de retiro que deben cumplir las compañías. La ley contempla un marco sancionatorio: las empresas incumplidoras se exponen a multas entre 100 y 1.000 UTM, donde UTM significa Unidad Tributaria Mensual, lo que equivale aproximadamente entre 7 y 70 millones de pesos chilenos, según el valor de la UTM vigente.

El texto que dispuso la obligación fue promulgado en 2019 durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, expresidente de Chile, pero su entrada en vigencia se concretó esta semana. La demora de seis años explica en parte la acumulación de cableado en centros urbanos, y también las dificultades prácticas para financiar soluciones de fondo como el soterramiento.

La información disponible proviene de los anuncios municipales y gubernamentales; el documento original citado en la comunicación pública queda incompleto en el punto que empieza con "Además, los municipios", por lo que no se dispone de detalles sobre facultades o responsabilidades adicionales que pudieran atribuírseles. Tampoco se han publicado aún los plazos exactos por comuna fijados por Subtel.

En la capital, el desafío ahora es operacional y político: coordinar a empresas privadas, municipios y autoridades regionales, asegurar el reciclaje y evitar nuevos abandonos. En barrios donde el cableado es parte del paisaje desde hace décadas, la medida abre una conversación sobre el derecho a un paisaje urbano menos fragmentado y más seguro, y sobre cuánto puede costar el remedio definitivo del soterramiento.