A poco más de tres años en el cargo, Marie Claude Plumer, superintendenta del Medio Ambiente (SMA), dijo a Diario Financiero (DF) que la institución ha avanzado en tres ejes clave: gestión de denuncias, fiscalización y respuesta sancionatoria, pero que requiere refuerzos institucionales y regulatorios para sostener esos avances.

La autoridad recordó que la SMA ha recibido a lo largo de su historia más de 36 mil denuncias, y enlazó ese registro con un informe de la Contraloría General de la República de 2020 que advertía que más del 60% de los casos no lograban ser gestionados. Plumer sostuvo que, desde su llegada, se produjo un cambio en la forma de abordar los procesos y que por primera vez se observó lo que ella calificó como un quiebre en la gestión de denuncias.

Los números que exhibe la superintendenta muestran la magnitud del cambio y de los desafíos. En 2022 las denuncias terminadas alcanzaron las 9.654, mientras que las pendientes eran 13.516. En 2025, en tanto, se registraron 23.186 denuncias concluidas frente a 20.680 pendientes, pese a que ese mismo año la SMA recibió más de 8.000 denuncias, cuando el promedio anual ronda las 5.600.

Plumer atribuye parte del avance a una fiscalización más incidente y al aumento de la cobertura y oportunidad en las actuaciones. Según la superintendencia, en el último año se realizaron más de 5.350 fiscalizaciones, de las cuales 47% estuvo asociado al uso de tecnologías y 24% correspondió a actividades en terreno.

La superintendenta también advirtió sobre las limitaciones internas: "Es una institución pequeña, sí, tenemos 316 funcionarios y funcionarias, requerimos fortalecerla sí y también requerimos cambios regulatorios", afirmó a DF. Para abordar esas carencias, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente que, según Plumer, busca robustecer el marco institucional, mejorar la fiscalización e incentivar el cumplimiento ambiental.

El articulado del proyecto se encuentra en el Senado, donde deberá ser discutido y eventualmente financiado por el Gobierno de Chile. En el corto plazo, la discusión legislativa y la disponibilidad presupuestaria serán determinantes para que la SMA pueda consolidar el mencionado quiebre y sostener la mayor capacidad de cierre de denuncias sin que se resienta la calidad técnica de las investigaciones.