En el Día Internacional de la Mujer, el Presidente encabezó este 8 de marzo en Palacio La Moneda un acto con público femenino y intervenciones oficiales. Asistieron más de 500 mujeres y hubo una presentación musical sorpresa.
Gabriel Boric Font, Presidente de la República, repasó la agenda del Ejecutivo en derechos de género y agradeció el trabajo ministerial. Antonia Orellana, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, intervino en el acto y sostuvo "Este 8 de marzo no solo conmemoramos una lucha histórica: también vemos cómo esa lucha se transforma en políticas públicas concretas". Durante la ceremonia, Safka Pollak dio un testimonio sobre la importancia de la Ley Papito Corazón, y la cantante chilena Princesa Alba ofreció una presentación sorpresiva.
El Gobierno puso énfasis en una serie de iniciativas que, según sus voceros, buscan dar respuestas concretas a demandas de años de movilización feminista. Entre las medidas mencionadas están la Ley Papito Corazón, la reforma de pensiones, la Ley Chile Cuida, la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la modernización de los programas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, conocido como Sernameg.
En ese contexto, la ministra Orellana vinculó la violencia contra las mujeres con la agenda de seguridad pública y defendió un fortalecimiento institucional para prevenir, atender y reparar. Esta lectura politiza el problema: presenta la violencia de género no solo como una cuestión social, sino como un eje de política pública que exige recursos y cambios institucionales.
Históricamente, el 8 de marzo recuerda décadas de organización y protesta por igualdad y derechos. Hoy, el Gobierno pretende mostrar que esas demandas se traducen en leyes y programas. Quien gana con esto son las organizaciones y las mujeres que obtienen herramientas legales y apoyos estatales. Quienes pueden perder son los actores que cuestionan el costo fiscal o la eficacia de las medidas, y la discusión pública ahora se traslada a la implementación.
Para el ciudadano común, las promesas significan expectativas sobre acceso a pensiones más seguras, cuidados reconocidos y mayor protección frente a la violencia. La clave será que estas iniciativas se concreten en beneficios reales y no queden en declaraciones. En los próximos meses será relevante seguir la tramitación de la reforma de pensiones y la puesta en marcha de las leyes anunciadas, así como la capacidad del Estado para financiar y ejecutar las políticas.