El Presidente Gabriel Boric Font recibió durante 2025 la bonificación trimestral del Programa de Mejoramiento de la Gestión, lo que elevó su remuneración a cerca de $10 millones en los meses en que fue pagado, según informó La Segunda. La confirmación desató una ola de críticas que motivó la defensa pública del exministro Giorgio Jackson.

El Programa de Mejoramiento de la Gestión, conocido por sus siglas PMG, es un mecanismo legal que entrega incentivos al sector público cuando se cumplen metas administrativas. La Segunda consignó que el pago se aplicó en marzo, junio, septiembre y diciembre tras acreditarse un cumplimiento de 99,44% de los objetivos fijados para 2024. Entre los indicadores mencionados están la ejecución de medidas con enfoque de género y avances en gestión sustentable dentro de la administración pública.

Giorgio Jackson, quien dejó el gabinete en agosto de 2023, sostuvo que la cobertura pretende presentar el hecho como algo irregular. En sus palabras, "esta noticia pretende hacer creer que hay algo raro, algo extraordinario, algo abusivo" y agregó que "la ley otorga a todo el sector público bonificación trimestral por cumplimiento de PMG’s. De hecho, los ex Presidentes también lo recibieron". Jackson enfatizó que, a su juicio, no se trata de un beneficio discrecional sino de un mecanismo establecido por ley.

Desde la oposición, los diputados Henry Leal y Flor Weisse, ambos de la Unión Demócrata Independiente, calificaron la situación como "absolutamente vergonzosa e impresentable" y emplazaron al Mandatario a restituir los recursos. Los parlamentarios argumentan que en el actual contexto económico no correspondería percibir incentivos adicionales y cuestionan la existencia de resultados concretos que justifiquen el pago.

El caso retoma un debate recurrente en la administración pública chilena. Históricamente, bonificaciones por cumplimiento han existido en distintos gobiernos, pero su aplicación a la jefatura del Estado suele generar mayor escrutinio y desgaste político. Gana quien percibe el incentivo, en este caso el Presidente y los funcionarios que cumplieron metas; pierden la oposición que busca señal política, y se resiente la confianza ciudadana en el uso de recursos públicos en un contexto de crítica social.

En ese contexto, la pulseada política se enfocará en si la administración ofrece transparencia adicional sobre los indicadores cumplidos o si hay gestos de restitución para apaciguar la polémica. La discusión también reabre la pregunta sobre cómo balancear incentivos en la alta dirección pública con la percepción de equidad frente a la ciudadanía.